El caso de García Ortiz, un caso de erosión democrática

Comienza el juicio en el que el fiscal general del Estado se sienta en el banquillo de los acusados. El caso de García Ortiz es un caso sin precedentes, como muchos de los que estamos viviendo desde que Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno. 

Cualquier fiscal, si es investigado, tiene que dimitir. Pero nunca se le ocurrió al legislador que un fiscal general del Estado se tuviera que sentar en el banquillo, por eso el Estatuto Fiscal no establece su cese. García Ortiz se sienta en el banquillo y sigue, a la vez, siendo el jefe de los fiscales que tienen que representar al Estado en su papel de acusación pública.  

El juez que ha instruido el caso, Ángel Luis Hurtado, considera que hay indicios suficientes para pensar que García Ortiz filtró información de la investigación fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso. 

Después de la presunta filtración difundió una nota informativa con membrete de la fiscalía provincial de Madrid con esa información. También hay indicios de que borró los mensajes de su teléfono móvil que podían ser pruebas. García Ortiz, en contra de lo que ha mantenido el Gobierno, no actuó para desmentir un bulo, sino para ganar el relato sobre la posible culpabilidad de la pareja de Ayuso.

Hace tiempo que García Ortiz tenía que haber dimitido o cesado. Sánchez lo mantiene en el cargo por intereses partidistas y así provoca una erosión profunda del sistema democrático. La democracia no son solo las mayorías que pueden llegar a formarse, en su caso mayorías muy escasas, la democracia es todo el edificio institucional que está construido sobre la Constitución.