Es un recurso demasido socorrido y frecuente que ante la carencia de informaciones en el verano determinados medios de comunicación la tomen con la Iglesia Católica. Está ocurriendo a propósito de la solicitud para que el Gobierno haga públicos los bienes que las diócesis han inmatriculado en los últimos tiempos. Al margen de la decisión política, lo llamativo del caso son las informaciones e ideas falsas que se repiten sin pudor. Convendría que determinados medios de comunicación empeñados en este tema ofrecieran más información correcta y menos ideología. Y explicaran adecuadamente la historia y los diferentes momentos legislativos en un procedimiento que nació para dar seguridad jurídica no a la Iglesia sino a quienes tenían propiedades.

Al margen de la absurda sospecha de la ilegalidad del procedimiento, la principal idea falsa que se quiere transmitir a la opinión pública es que la Iglesia, que es rica, se está apropiando de bienes ajenos y aumentando su patrimonio a costa de un resquicio legal. Hay que dejar claro que la inmatriculación de un bien no es el acto de adquisición de ese bien. Cuando se inmatricula un templo ya se poseía antes. Lo que nadie en su sano juicio puede negar que la histórica propiedad de los templos de culto católico y los lugares que contribuyen al desarrollo de la misión pertenecen a la comunidad cristiana. Y no al Estado, como quisieran algunos. La riqueza de la Iglesia está en el Evangelio y en el testimonio de los creyentes, algo que no se debiera olvidar.