Un acuerdo contra la igualdad de todos los españoles

El Gobierno y la Generalitat han sellado un acuerdo para transformar el modelo de financiación autonómica. El principio básico es que Cataluña y las CCAA que lo deseen recauden todos los impuestos en sus territorios y cedan una parte al Estado para el pago de servicios comunes y en concepto de solidaridad territorial. Esto último debería hacerse sin alterar el principio de ordinalidad, esto es, sin que su puesto en el ranking de PIB per cápita se modifique por el reparto. Se trata de un modelo inspirado en el cupo vasco y diseñado para satisfacer a las Comunidades más ricas, motivo por el que en el aluvión de críticas no se quedó ayer atrás el PSOE en Castilla-La Mancha, Extremadura o Asturias. En palabras de Emiliano García Page, el acuerdo consiste en que “sean las autonomías las que reparten y el Estado el que mendiga para los gastos comunes”, aumentando las desigualdades entre españoles, sin más propósito que satisfacer a independentistas que solo aspiran a “tener más que los demás” hasta lograr su objetivo último de romper España. Claro que, para materializarse, este acuerdo requiere la modificación de tres leyes en Congreso, y el Gobierno pretende abrir además un debate con el resto de CCAA en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es muy improbable, en definitiva, que salga adelante en esta legislatura. Tampoco es seguramente esa la intención del Ejecutivo, que solo pretende comprar unos meses más de apoyo a sus socios, aun a costa de ahondar en la crisis del PSOE y, lo que es peor, de envenenar el debate sobre financiación autonómica para los próximos años.