La muerte de Clara Zapater y Marta Acosta, la de 21 jóvenes en total, que fallecieron en 2010, durante el festival Love Parade de Alemania, quedará posiblemente sin sentencia. La Audiencia de Duisburgo ha informado a través de un comunicado que estudia una posible suspensión del proceso por la tragedia en el acceso a la multitudinaria fiesta al aire libre. El juez, Mario Plein, ha abierto el turno de análisis de los argumentos sostenidos por la defensa, la fiscalía y la acusación particular, representante de los familiares de las víctimas mortales y de las 650 personas que resultaron heridas. Esta parte del juicio se celebra a puerta cerrada y se estima que la decisión se demorará unas semanas, pero todos los expertos auguran que será finalmente suspendido el proceso, que comenzó a finales de 2017 y en el que ha sido imposible dirimir la responsabilidad de los seis empleados de la administración de Duisburgo y otros cuatro de la empresa organizadora, como presuntos responsables de un cúmulo de negligencias y errores de organización. No se espera que llegue a dictarse ya ninguna sentencia.

La fiscalía reclama sanciones económicas contra los acusados con una mayor responsabilidad sobre lo ocurrido, mientras que la defensa pide la suspensión sin más, dejando en segundo plano cualquier indemnización que, pasados 19 años, resulta para muchos familiares casi una afrenta. El juicio dio inicio en diciembre de 2017, un lustro después de las muertes y después de que la Fiscalía y los familiares recurrieran contra la primera negativa a celebrarlo de la Audiencia de Duisburgo, que tras escuchar las declaraciones de más de 3.000 testigos, alegó falta de solidez en el informe en el que se basaba la acusación fiscal. 

La apertura del proceso fue tan seguida y hubo de albergar a tantos medios de comunicación internacionales que fue necesario habilitar un pabellón de deportes de la vecina ciudad de Düsseldorf. Una treintena de abogados han estado defendiendo desde entonces a los acusados, mientras que a los miembros de la fiscalía se unían los de la acusación particular y un equipo de intérpretes en cuatro idiomas, ya que entre las víctimas hubo jóvenes de varias nacionalidades.

El pánico se apoderó de la masa en el interior del único túnel de acceso al recinto donde iba a celebrarse la fiesta, a la que habían llegado entre 120.000 y 150.000 jóvenes, del medio millón que esperaban los organizadores. El túnel que servía igualmente de entrada y de salida al recinto, de 400 metros de largo y dividido en dos tramos, no eran suficiente para que fluyese la multitud, según los peritos consultados durante el juicio, a lo que siguió un cruce de órdenes contradictorias entre policía y organizadores. A los diez acusados, entre los que no están ni el jefe de la empresa Lopavent, Rainer Schaller, ni el entonces alcalde de la ciudad, Adolf Sauerland, ni el jefe de la Policía local, se  les imputó un delito de homicidio por negligencia y lesiones graves que quedará sin sentencia en un juicio inexplicablemente largo. En 2020 prescribirán los cargos y los responsables de aquellas muertes no podrán ya ser juzgados.