”El sentido general de nuestra acción es la soberanía: queremos retomar el control de nuestra política migratoria”, ha dicho el primer ministro francés, Edouard Philippe durante la presentación del nuevo plan gubernamental sobre inmigración e integración. Ha insistido en que esto supone “expresar y asumir opciones claras” en materia de integración y de acogida, así como de lucha contra la inmigración irregular y el mal uso del derecho de asilo. 

Junto al primer ministro se encontraban la secretaria de Estado de Asuntos Europeos que ha evocado el aspecto internacional del nuevo plan que incluye una subida de las ayudas públicas a los países en desarrollo y la renegociación de la política de visas francesas. En el apartado de Interior, Christophe Castaner ha prometido un mejor control de las ayudas que reciben los demandantes de asilo, así como impedir que estas ayudas puedan acumularse con el llamado Ingreso de Solidaridad Activa. 

La ministra de Sanidad, Agnès Buzyn, ha confirmado por su parte la creación de un plazo de tres meses para impedir que las personas que lleguen sobre territorio francés, excepto los menores, puedan acceder a la protección sanitaria universal durante ese tiempo. Además, para ciertos actos médicos, como una cirugía de cadera o de cataratas, será necesario el acuerdo de la Seguridad Social para acogerse a la Ayuda Médica del Estado. En cuanto a las personas a quienes no hayan concedido el asilo, sólo tendrán la protección sanitaria seis meses en lugar de doce. 

Finalmente, la ministra de Trabajo, Muriel Pénicaud, ha expuesto las medidas que le incumben, especialmente la famosa “cuota de inmigrantes económicos”, que el gobierno insiste en llamar “cifrado de objetivos” para diferenciarse de las políticas de la derecha o la extrema derecha. Ha indicado que a finales de noviembre se reunirá con los actores sociales y los responsables de cada región “para establecer las necesidades de mano de obra”, siempre que no sean competencia para trabajadores franceses que busquen un empleo. La idea es fijar cada año, tras un debate en el Parlamento, las necesidades de mano de obra para ajustarse en tiempo real a las necesidades de las empresas. Esperan tener preparada para el próximo verano la primera lista de oficios con problemas de reclutamiento para establecer las cuotas a finales de 2020.