Las autoridades de Myanmar y Bangladesh no han consultado ni con los refugiados ni con ACNUR su plan de repatriación. Ganguly afirma que es un error, y que “sin una consulta previa y una supervisión apropiada no deberían volver, este proceso no debe hacerse a toda prisa”. El gobierno de Bangladesh se ha comprometido a que nadie será obligado a regresar, será voluntario. De hecho, más de 20 refugiados -dentro del grupo elegido para ser repatriados- se niegan a viajar ahora a su país.

La ONU -en un informe presentado en septiembre- calificó la operación militar en el norte de Myanmar como un “genocidio intencionado” de los rohinyas, y mencionó indicios de crímenes de guerra. Los refugiados acusan a soldados y civiles birmanos de masacrar familias y prender fuego a cientos de casas. El gobierno de la antigua Birmania -que aún no reconoce a los rohinyas como ciudadanos de su país- lo niega, y alega que lo que estaban haciendo las fuerzas de seguridad era combatir a terroristas.