Moncloa evita confrontar con la Generalitat mientras el TSJC ordena garantizar la seguridad del niño de Canet

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Conselleria de Educación de la Generalitat y a la dirección de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) "adoptar las medidas necesarias para preservar la protección e intimidad" de la familia que denunció el proyecto lingüístico del centro.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Gobierno ha ofrecido toda su colaboración a la consellería de Educación de la Generalitat para que se proteja a la familia y al menor de un colegio de Canet de Mar (Barcelona) del acoso que sufre por pedir más enseñanza en castellano. Evitando así entrar en confrontación con un gobierno regional que este mismo jueves mandaba al conseller al colegio a instigar las movilizaciones contra la aplicación de la sentencia del TSJC.

Isabel Rodríguez en rueda de prensa al término del Consejo de Ministros de este viernes en la que ha revelado que la ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha puesto en contacto con el conseller Josep Gonzàlez-Cambray, a quien ha expresado "todo su apoyo" para evitar "cualquier tipo de acoso en este caso o en otro" que suceda en una escuela de Cataluña o de cualquier otro punto del país.

Tras expresar el rechazo y la condena del Gobierno a "cualquier acoso que se haya podido producir", la portavoz ha acusado al Partido Popular de "utilizar cualquier asunto para hacer oposición".

"Las lenguas del estado con un elemento que nos enriquece y que aportan diversidad y que no vamos a utilizar de forma partidista o en la confrontación", ha advertido Rodríguez, mientras reclamaba al PP que no utilice "la riqueza en el ámbito lingüístico para enfrentarnos".

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado este viernes a la Generalitat que garantice la "protección" y la "intimidad" de este alumno y ha dado un plazo de diez días a la consellería de Educación para que aporte un informe con el que justifique las medidas adoptadas para cumplir con el dictamen del alto tribunal catalán.

El TSJC obligó, de forma cautelar, al colegio a impartir un 25 % de las clases en castellano al grupo de este alumno, cuya familia había pedido inicialmente recibir el 50 % de las lecciones en español.

En este sentido, la representante del Gobierno ha reiterado que la sentencia tiene que cumplirse y ha subrayado la "absoluta garantía que ofrece la ley de educación para que todos los niños salgan de la escuela con competencias en ambas lenguas" en los territorios con lengua cooficial.