Los guionistas de Pedro Sánchez han conseguido abrirse paso inculcando la idea de que el Consejo General del Poder Judicial con mandato vencido debe emular a un Gobierno cuando cesa y queda en funciones, con prerrogativas muy limitadas hasta que las Cortes invisten a un nuevo Presidente. Después de semanas dejando botar la pelota, tras muchas dudas y órdagos, llega al Pleno este martes la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos con el objetivo de maniatar al órgano de gobierno de los jueces para su toma en consideración.

Como ha sido norma, el Gobierno redactó la iniciativa y la remitió a los grupos parlamentarios para su registro. Así ocurrió ya con la cacicada legal para rebajar las mayorías necesarias en la elección de vocales del consejo que sigue sin ser retirada por sus impulsores como amenaza ante la negativa del PP a sellar un acuerdo sobre la renovación antes del fin de la simbólica fecha del aniversario de la Constitución. Un nuevo horizonte temporal fallido causante de honda irritación en La Moncloa que gusta insistir en cada oportunidad tener cerrado el pacto con los populares.

La tramitación para delimitar las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial, tratándose de una propuesta de los grupos y no del propio Ejecutivo, se acelera y, al ahorrarse los preceptivos informes del Consejo de Estado y del mismo CGPJ, llevará alrededor de tres meses. Estaría, por tanto, lista para marzo. La reforma, por sí misma, vacía de competencias al órgano de gobierno de los jueces, pero no remueve a sus miembros. Sin embargo, advierten en la sala de máquinas de La Moncloa, puede servir de detonante de la renovación.

En el entorno de Pedro Sánchez son conscientes del hartazgo por sus movimientos en el Consejo General del Poder Judicial cuyos miembros se saben condenados a continuar todavía en sus puestos. A crear ese clima irrespirable, a dejarlos al borde del colapso, se está dedicando el jefe del Ejecutivo que sopesa, llegado el caso, de prolongarse en el tiempo el bloqueo, una renuncia de vocales, según ha sabido la Cadena COPE. De materializarse tal extremo en un número decisivo, tal y como está en el ánimo de colaboradores presidenciales, dejaría en la práctica “disuelta” la institución titular de uno de los tres poderes del Estado. Sería, descuentan esas voces, el “apremio definitivo” a Pablo Casado para sellar el pacto.

Es marca de La Moncloa: “Importan los resultados, no las intenciones”. Tras ignorarle durante semanas y tratarlo con desdén, Sánchez anunciaba el viernes desde Bruselas su intención de llamar al líder del PP para tantear la salida del atasco. Aun cuando en el entorno presidencial preguntan de forma retórica “¿a qué más puede aspirar Casado con un reparto a partes iguales de los 20 vocales?”, creen improbable el acuerdo antes de las elecciones catalanas.