La Moncloa creó de antemano la expectación, avisando de un anuncio importante por boca de Pedro Sánchez. El de este lunes 17 de septiembre fue sin duda un nuevo brindis, pero, mucho más próximo de una calculada estrategia que de la simple retórica. Sánchez se presentó ante el auditorio de la Casa América de Madrid con todo el boato institucional del que es capaz un presidente del Gobierno – un atril con el escudo oficial de España adecuadamente iluminado por los focos mientras el resto del escenario permanecía en penumbra – para lanzar su mensaje.

En ese marco, Pedro Sánchez dio la máxima solemnidad a una reforma exprés de la Constitución para acabar con los aforamientos e invitó al resto de fuerzas políticas a sumarse: “Si todos actuamos con altura de miras, entrará en vigor en tan solo 60 días”, sostuvo el jefe del Ejecutivo ante unos 250 invitados que se mostraron bastante fríos durante el acto conmemorativo de sus 100 días de llegada al Poder. “Ofreceríamos una señal relevante, inequívoca y generosa, de ejemplaridad y empatía”, añadió de manera más enfática.

Nada menos que cambiar la Ley de Leyes se convertía en el recurso de Pedro Sánchez para cerrar la controversia sobre su tesis doctoral y poner en un brete al líder del PP, Pablo Casado. En efecto, el presidente del Gobierno apenas ofreció detalles. Sin embargo, fuentes monclovitas acotaban la reforma a diputados, senadores y miembros del Ejecutivo, aún cuando se dejó la puerta abierta a precisar el alcance del aforamiento de los titulares de otros cargos y funciones públicas como jueces, fiscales, Defensor del Pueblo o Tribunal de Cuentas. Es más, sólo concerniría a las actividades fuera de sus funciones públicas. Dicho de otro modo, afectaría al ámbito privado. Esto es, si un diputado, por ejemplo, fuese pillado conduciendo ebrio debería rendir cuentas ante un juzgado ordinario, y no ante el Supremo, como ocurre ahora. Lo mismo ocurriría en el caso de una investigación en torno a un Máster.

El intento de poner contra las cuerdas a Casado se hizo evidente cuando las fuentes gubernamentales subrayaron que la iniciativa podría afectar al presidente popular de haber una disposición adicional transitoria precisando que se aplicaría para “procesos en curso”, siempre que el Alto Tribunal todavía estuviera pendiente de pronunciarse sobre su Máster. Una juez de Madrid ya situó a Casado a un paso de ser investigado al solicitar al Supremo que le reclame sus trabajos en la Universidad Rey Juan Carlos. Al estar aforado como diputado, la citada juez hubo de inhibirse en todo lo referente al líder del PP.

En el entorno de Sánchez entienden que se trata de una propuesta “win-win”. Es decir, que gana en todo caso, a pesar de requerir de una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado. Por tanto, es imprescindible al Gobierno el concurso del PP. “Digamos que Casado termina negándose, lo ubica ante el espejo del descrédito y lo retrata”, aventuran en el Palacio de La Moncloa. Y, de paso, “también situará a Albert Rivera en el suyo de eludir Ciudadanos el cierre de filas con el Presidente”.

En cualquier caso, el Consejo de Ministros tendrá próximamente sobre la mesa un anteproyecto de Ley de reforma constitucional que, tras recabar los informes precisos del Consejo de Estado y del CGPJ, deberá ser debatido en las Cortes. El Gobierno ya avanza que, una vez limitados los aforamientos en la Carta Magna, carece de sentido mantenerlos en las Comunidades Autónomas.