Da la sensación de que quien no se corrompe es porque no puede, o que cada uno lo hace en la medida de lo posible. Por si no hubiéramos tenido poco con Gürtel, Nóos, ERE de Andalucía, Púnica, Lezo, Marea, Alquería... ahora nos llegan los semáforos, la operación “Enredadera”. Un caso que salpica a ayuntamientos de todas las siglas, ayuntamientos de toda España, con alcaldes, concejales, policías, funcionarios y empresarios incluidos. Supuestamente, no falta nadie. Una trama de amaños en contratación de servicios para la regulación del tráfico, contratos adjudicados a la empresa APLICACIONES GESPOL, del grupo Sacyr, que se dedica al mantenimiento informático para gestionar sanciones de tráfico. Y Sacyr, que ha abierto una investigación interna, asegura que va a colaborar con la Justicia.

Se investigan, entre otros, delitos del calibre de pertenencia a organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude, malversación, falsedad, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, y alteración de precios de concurso público. La policía, con casi 600 agentes en esta macrooperación, detuvo a una cincuentena de personas, de las que 15 han pasado a disposición del juez de Badalona (Barcelona), de donde parte la investigación a instancia de la Fiscalía Anticorrupción. Se han practicado 55 entradas y registros en ayuntamientos, sociedades y domicilios en varias provincias españolas, y 19 requerimientos de documentación. Registros que se realizaron en Barcelona, Madrid, Gijón, Oviedo, Huesca, León, Málaga, Teruel, Valladolid, Vitoria y Zaragoza. También en la Comunidad Valenciana y Extremadura

Mario Arnaldo, Presidente de “Automovilistas Europeos Asociados”, ha explicado a COPE el mecanismo de esta trama, que ya denunció hace tiempo. “Unas empresas privadas se reunían con alcaldes y bajo la bandera de la seguridad vial les ofrecían un pack que consistía en un sistema foto-rojo y radares”, comentaba Arnaldo. Una oferta que “al ayuntamiento no le iba a costar un duro porque lo iba a pagar el propio infractor, con el barniz de que esto era legal”, explicaba el presidente de Automovilistas Europeos. El sistema cambiaba y reducía el tiempo de duración del semáforo, y algunas poblaciones, en cuatro meses, pasaron de cero a 24.000 multas. Los ayuntamientos llegaron a cobrar comisiones que oscilaban entre el 20% y el 70%. Hay una empresa investigada, pero Mario Arnaldo comentaba en COPE que hay más empresas.

Este caso afecta a ayuntamientos del PP, del PSOE y de Ciudadanos, y se remonta a 2012. Más de cuarenta ayuntamientos. Son muchos ayuntamientos. Puede dar pie a pensar que la corrupción es generalizada, que está instalada en gran parte de la sociedad o de la vida pública. Y llega hasta los semáforos.