El Gobierno ha confirmado que va a plantear una amplia revisión del Código Penal, pero no ha detallado cómo quiere hacerlo, ni ha concretado tampoco a qué artículos afectará, aunque el propio Pedro Sánchez levantó la liebre al apuntar, en una entrevista en RTVE, que había que adecuar nuestra legislación a la España en la que vivimos, en lo referente, por ejemplo, al delito de sedición. Las modificaciones afectarían también previsiblemente al delito de rebelión. Y no, precisamente, para elevar estas penas.

El Ejecutivo niega que esta iniciativa forme parte de la mesa de diálogo con los independentistas, pero lo cierto, es que una reforma de ese tipo tendría, de entrada, dos consecuencias claras: uno, beneficiaría a los políticos presos que están cumpliendo condena; y dos, penalizaría bastante menos en el futuro conductas similares a las que llevaron a prisión a los implicados en el procés.

La duda está también en cómo llevar a cabo esa reforma. Si se quiere hacer a través de un proyecto de ley orgánica, el Gobierno debería remitir el texto previamente al Consejo General del Poder Judicial, y al Consejo de Estado. Su opinión es preceptiva, pero no vinculante. El problema es que, cualquiera de estos dos órganos podría sacar los colores al Ejecutivo. La opción, entonces, para evitar este camino, es impulsar ese nuevo articulado a través de una proposición de ley. El trámite parlamentario sería el mismo, pero se eludiría el informe del órgano de gobierno de los jueces y el del órgano consultivo.

Sánchez necesitaría mayoría absoluta para sacar adelante su reforma, pero nadie duda de que lo lograría con el apoyo de los independentistas. Además, el gobierno incluiría en el código penal otros artículos como, por ejemplo, la necesidad del consentimiento expreso para evitar casos como el de la Manada. Y como el texto se vota de manera conjunta, si la oposición lo hace en contra, podrán achacarles además su falta de sensibilidad.

La Ley Orgánica del Código Penal recoge además el efecto retroactivo de aquellas leyes que favorezcan al reo, aunque en el momento de su condena, fuera otra la legislación en vigor. Así pues, al tribunal del procés no le quedaría más remedio que reducir la condena a los políticos presos, que verían abiertas las puertas de la prisión de Lledoners, mucho antes de lo previsto.

Otra posibilidad para que Junqueras y sus compañeros puedan salir de la cárcel es conseguir el indulto por parte del Ejecutivo. El exvicepresidente de la Generalitat ha adelantado que nunca lo solicitará porque, a su juicio, no ha cometido ningún delito, pero otros pueden hacerlo en su nombre. El problema es que, en este caso, se necesitaría también el informe del tribunal sentenciador, y es mejor evitar este camino, por si las moscas.

En el fondo, el Gobierno puede aplicar la máxima que pronunció en su día el ex-presidente chino, Deng-Xiaoping: “gato negro, gato blanco, qué más da, si caza ratones”. Y es que, hay quien siempre sostiene que las medidas impopulares hay que hacerlas en los primeros meses de gobierno, para que el electorado tenga tiempo para olvidarlas.