El Estado y el País Vasco firmarán este lunes el traspaso de la gestión de las tres prisiones vascas a Euskadi, que suman 966 reclusos, aunque la transferencia efectiva no se hará hasta el 1 de octubre.

Mañana se firman en Bilbao cuatro traspasos de competencias, aunque los otros tres son menores y el único que ha suscitado polémica es el de las prisiones, cuya gestión hasta ahora solo Cataluña ejerce entre las autonomías.

LAS PERSONAS AFECTADAS

El País Vasco cuenta con tres centros penitenciarios que albergan actualmente a 966 internos (888 hombres y 78 mujeres). Son los de Basauri, en Bizkaia, con 149 internos; Nanclares (Alava) -la más grande y moderna-, con 623 internos, y Martutene (Gipuzkoa), con 194 reclusos.

Los tres inmuebles serán traspasados a Euskadi. Además, cuando se termine la nueva prisión guipuzcoana de Zubieta, pasará a depender del Gobierno Vasco, y a su vez éste devolverá la actual Martutene al español, que la cerrará.

Las obras de construcción de Zubieta fueron adjudicadas por el Gobierno central el pasado mes de marzo por 39 millones, con su apertura prevista en la primavera de 2023.

La transferencia también incluye el edificio de la antigua cárcel de Nanclares, que fue clausurada y ya no acoge a población reclusa.

También se transferirá a Euskadi el personal que atiende a las tres prisiones: 620 funcionarios y 50 laborales, que a partir de ahora cobrarán del Gobierno Vasco. En experiencias anteriores de traspaso de personal de cuerpos nacionales a Euskadi, como el de la administración de Justicia, se produjeron subidas salariales y un aumento del uso del euskera.

El acuerdo contempla una valoración del traspaso de prisiones en 70 millones. El cálculo se ha hecho aplicando -con algún matiz- el 6,24 % -lo que paga Euskadi de Cupo al Estado- a los 1.121 millones que figuran en los presupuestos del Estado para Instituciones Penitenciarias. En el futuro, Euskadi descontará esos 70 millones del Cupo anual que paga al Estado.

LAS POLÍTICAS QUE SE TRASPASAN

Se transfiere la gestión de las prisiones, es decir, la competencia sobre su organización y funcionamiento. Se trata de una transferencia prevista en el Estatuto de Gernika, hace 41 años, y que ya ejerce Cataluña.

La legalidad, es decir, las normas y reglamentos penitenciarios, siguen siendo la misma para toda España.

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Esta legislación establece que son las Juntas de tratamiento de cada prisión las que deciden, por ejemplo, proponer traslados o la progresión de grados, todo ello bajo la supervisión del juez de vigilancia penitenciaria.

Este punto es el que mas polémica política ha causado, por las sospechas de partidos como el PP en torno a que esta transferencia podría beneficiar a los presos de ETA.

Actualmente, en las tres cárceles vascas apenas hay treinta presos de ETA. Los continuos acercamientos que se han producido el último año han sido a prisiones cercanas, pero muy pocos al País Vasco.

El Gobierno Vasco ha rechazado esas sospechas y ha insistido en que su intención es potenciar la reinserción de todos los reclusos, objetivo que figura en la Constitución.

La vía que se suele usar para ello en todas las prisiones son convenios con ONGs para que los presos hagan voluntariado y se reintegren en la sociedad, aunque, como se ha citado, el Gobierno vasco puede poner el camino, pero son cada Junta de Tratamiento y el juez los que deciden.

PERIODO TRANSITORIO Y LOS OTROS TRES TRASPASOS

Aunque el traspaso de prisiones se firma mañana 10 de mayo, no tendrá efectividad real hasta el 1 de octubre de este año.

Además, durante este año se abre un periodo transitorio que se va a usar para adaptar la gestión: Por ejemplo, para decidir sobre la subrogación de los contratos de los servicios que se prestan a las cárceles.

Este lunes se firman otros tres traspasos menores, como la transferencia del transporte por carretera. Supone que Euskadi asumirá las autorizaciones a operadores y concesionarios de transporte, así como la gestión de los exámenes de competencia profesional.

El País Vasco también recibirá el edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa (Bizkaia) y la gestión del código bibliográfico ISSN -el registro de autenticidad de las publicaciones-.