Más de ocho meses han pasado desde que Pedro Sánchez consiguió los acuerdos necesarios para acabar con la legislatura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Unos pactos que pasaron por Esquerra Republicana y PDeCAT - cuyos líderes permanecían en el momento en prisión y fugado, respectivamente, como parte de la investigación del 'procés' - y por EH Bildu y PNV.

Casi nueves después, Pedro Sánchez ha reflejado esos acuerdos en concesiones y guiños en busca de repetir esos apoyos de cara a las cuentas de los Presupuestos Generales del Estado.

CATALUÑA

INEXISTENCIA DEL DELITO DE REBELIÓN: El primer movimiento del gobierno de Pedro Sánchez hacia el independentismo catalán fue retractarse de las propias palabras del líder del ejecutivo en el mayo anterior, cuando en una entrevista aseguró que había existido “delito de rebelión” en Cataluña. Lo hizo la vicepresidenta, Carmen Calvo, en la ya conocida cita en la que diferenciaba entre el Sánchez presidente y el Sánchez político.

Carmen Calvo dice que "el presidente del Gobierno nunca ha dicho que haya un delito de rebelión en Cataluña" y un periodista le "recuerda" que Sánchez dijo que sí existía el pasado mayo, a lo que la vicepresidenta aduce que "por entonces no era presidente del Gobierno" #CMin pic.twitter.com/tLHl1GuarA

— Europa Press (@europapress) 2 de noviembre de 2018

PULIRSE A LA ABOGACÍA DEL ESTADO: Como el gobierno entiende que no se cometió delito de rebelión, la abogada general del Estado, Consuelo Castro, relevó en noviembre al jefe del departamento Penal y responsable de dirigir la acusación del Gobierno en la causa del proceso soberanista de Cataluña, Edmundo Bal.  Castro cesaba a Bal por pérdida de confianza pero detrás de la decisión estaba obviamente la diferencia de criterios respecto al juicio del procés, después de que la abogada general optara por acusar a los procesados de sedición y de malversación y no de rebelión. Edmundo Bal era partidario de seguir la línea marcada por la Fiscalía y acusar por rebelión a los líderes del proceso soberanista.

CUESTIONAR LA PRISIÓN PROVISIONAL: La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, consideró en septiembre que si el juicio a los líderes independentistas se retrasa mucho "no sería lógico alargar la prisión preventiva". Unas palabras que apoyó después Iceta: "La prisión preventiva está durando demasiado".

PONER SOBRE LA MESA LOS INDULTOS: Pedro Sánchez lleva meses jugando al despiste sobre la posibilidad de que el Gobierno indulte a los cargos del Govern procesados por el 1-O. Se ha dicho que se va a esperar a las sentencias, pues obviamente alguien no puede ser indultado sin una sentencia previa. Pero a preguntas de Casado y Rivera, el Gobierno no descartó la opción de indultar a los presos independentistas. 

RECHAZO FRONTAL A LA APLICACIÓN DEL 155: El Gobierno no contempla la intervención de Cataluña con una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución, como reclaman PP y Ciudadanos. Ni siquiera cuando Torra señaló que la única vía válida para la independencia sería la 'vía eslovena', que provocó decenas de muertos en el país balcánico. Pese a la seria amenaza, el Gobierno ha preferido mantenerse siempre en el diálogo, aunque sea estéril. 

PRESUPUESTOS MILLONARIOS PARA CATALUÑA: Los Presupuestos fueron el pago del alquiler de la Moncloa. Un guiño que llegaba en forma de paquete de contratos de conservación y explotación de carreteras en Catalunya por valor de 112 millones de euros. Un gesto que se materializó una vez se presentaron los presupuestos en enero en una subida del 18% en la inversión total en Cataluña, lo que se traduce en un total de 800 millones de euros. Cataluña es además la comunidad que recibirá más inversión con una subida del 66%. En la distribución territorial que hace el Gobierno, asignó a Cataluña 2.051 millones a los que añade 200 millones más de una sentencia del Supremo de 2017. En total, 2.251 millones, por encima de los 2.132 millones de Andalucía y casi el doble que en la Comunidad de Madrid (1.249 millones) y la Comunidad Valenciana(1.189 millones). 

REUNIONES BILATERALES: Sánchez y Torra se han reunido dos veces desde que el socialista llegó a la Moncloa. La primera vez fue en julio, donde ambos charlaron y departieron de forma amistosa por los jardines de la residencia presidencial. La segunda fue en la víspera del Consejo de Ministros celebrado en Barcelona el 21-D. Torra fozó a que la reunión se convirtiera en un encuentro bilateral entre dos países diferentes. Pese a que Moncloa se mostró reticente, finalmente la escenificación de dicha reunión tuvo más ese parecido que al de la reunión ordinaria de un Gobierno central con otro autonómico. Sánchez se reunió con Torra y tres ministros de su gobierno se vieron con otros tres consellers de la Generalitat. En total, Sánchez y sus ministros han visitado Cataluña al menos 38 veces en sus seis primeros meses de gobierno. 

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REAPERTURA DE EMBAJADAS: Otra de las cesiones de Sánchez al independentismo catalán ha sido la pasividad en cuanto a la reapertura de las embajadas clausuradas tras la aplicación del 155. Precisamente, uno de los sectores más afectados por la intervención del autogobierno en Cataluña fue la acción exterior. De ahí que Torra haya recalcado en sus intervenciones la necesidad de recuperar la presencia de la Generalitat a nivel internacional para continuar con la farsa de que España es un Estado represivo en el que hay presos políticos.

UNA "VOTACIÓN" EN CATALUÑA. El objetivo final del independentismo es la autodeterminación o la celebración de un referéndum que contemple dicha posibilidad. En septiembre, Sánchez se abrió a una votación en Cataluña. “El hecho final tiene que ser una votación", dijo en la SER. Aunque según precisó se debe votar sobre el autogobierno y no sobre la independencia. "Un referéndum por el autogobierno, no por la autodeterminación", dijo. 

En menor escala, el Gobierno ha tenido otros detalles con ERC y PDeCAT más simbólicos, como una declaración de reparación y reconocimiento a favor del expresidente de la Generalitat, Lluís Companys, anunciada por Isabel Celaá, así como el cambio de nombre del aeropuerto Barcelona-El Prat por el aeropuerto Josep Tarradellas.

PAÍS VASCO

A finales del mes de noviembre, el Ministerio de Hacienda anunció el primer desbloqueo en materia de competencias con Euskadi en 7 años, firmando en Bilbao un acuerdo por el que el Gobierno Vasco pasaría a gestionar la AP1 entre Armiñón y Burgos. También absorberían competencias en la línea de tren entre Alonsotegui y Barakaldo, así como la que une Bilbao y Basauri.

Ya en enero de este año, Sánchez ejecutó la cláusula 92 del acuerdo entre PP y PNV por la que la central nuclear de Lemóniz, que nunca entró en funcionamiento, pasaba a competencia del gobierno regional, requisito esencial en el acuerdo para convertirla en una pscifactoría.

El último guiño lo hizo días después, cuando la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, junto al consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, anunciaron la firma de un acuerdo para que en febrero se traspasen hasta 33 competencias a Euskadi. Entre las que se incluyen la cesión de la gestión de las cárceles en el País Vasco al gobierno vasco. Eso sí, la propia ministra ha matizado este martes que la política penitenciaria seguirá siendo competencia del Estado.