250.000 familias numerosas tienen una empleada del hogar en España. Desde la próxima primavera ninguna podrá beneficiarse ya de la bonificación- que tenían garantizada por ley hasta su supresión por parte del Gobierno el pasado septiembre- para estas contrataciones. Luchan por recuperarla al considerar que está en juego su conciliación y también para no perder aún mayor poder adquisitivo.

La medida ya está en vigor para nuevas contrataciones por parte de una familia a partir de 3 hijos o con dos en el caso de que uno tenga algún tipo de discapacidad y supone abonar 200 euros más al mes por contrato a tiempo completo. El 1 de abril de 2023 la bonificación del 45 por ciento en la cuota de la seguridad social que hasta ahora tenían reconocida por ley (todas las familias con más de 5 hijos o las de hasta 4 cuando el padre y la madre trabajan fuera de casa) desaparecerá para todas salvo que salga adelante la enmienda que promueven las asociaciones que agrupan a las 700.000 familias con título de familia numerosa que hay en España.

Consideran que la supresión de la medida, fruto del real decreto publicado el pasado 6 de septiembre en el BOE que deroga el artículo 9 la Ley 40/2003 de la Ley de Familias Numerosas, es nefasta tanto para los empleadores que tendrán enormes dificultades aseguran para compaginar su vida laboral y profesional como como para las propias trabajadoras. De no lograr revertir la situación, desde la Asociación de Familias Numerosas de Madrid consideran que la mitad de estos hogares deberán o bien prescindir del cuidador o cuidadora o al menos recortar el horario y con ello el sueldo de la empleada para hacer frente al sobrecoste de la eliminación de la medida.

En plena espiral inflacionista, el fin de la bonificación será una carga financiera más para las familias con más de tres hijos como la de Iñigo Martínez de Artola que tiene 5: “entendemos que las familias numerosas no tenemos una empleada del hogar por capricho sino para poder conciliar. En nuestro caso al tener una cuidadora a tiempo parcial -para que se ocupe de los niños mientras volvemos del trabajo- calculamos que nos va a suponer un coste extra al mes de 100 euros y tal y como está la situación tendremos que ajustar el bolsillo, hacer cálculos y ver cómo nos organizamos. En nuestro caso es posible que reduzcamos una hora diaria o que prescindamos de la persona que nos ayuda el viernes”.

Para María Menéndez al frente de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid: “derogar por real decreto un artículo de una ley nacional que nos protege nos aboca a la desprotección. 200 o 300 euros de más al mes de la eliminación de la bonificación más la inflación que nos afecta más que a los hogares más pequeños porque tenemos un mayor consumo, el resultado es que nos estamos empobreciendo, cuando te llevas la mano al bolsillo para ver cómo puedes pagar a la empleada del hogar ves que o no tienes o lo tienes que emplear en algo que es aún más prioritario como por ejemplo la alimentación”.

Han contactado con los diferentes grupos parlamentarios, pero no están seguros de lograr la mayoría que necesitan para volver a la situación previa al real decreto publicado el pasado 6 de septiembre: “estamos tan justos que a lo mejor la diferencia es uno o dos votos como nos pasó con el complemento de maternidad en la pensión por hijo que acabó perjudicándonos al reducir el tope máximo de hijos de forma que es ahora tienes el mismo complemento las madres con 2 hijos que las que tienen 7”, lamenta Menéndez.

“No queremos mejorar ni negociar solo que no supriman el artículo 9 de la ley de familias numerosas que nos protege y que la protección de otros modelos de familia que proyecta el Gobierno con una nueva ley no se haga en detrimento de las familias numerosas” subraya Menéndez que considera que la medida “en nada supone una mejora en la protección o en la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras, al contrario”.

Pérdida de una protección social y económica

La Federación Española de Familias Numerosas FEFN también considera preocupante el cambio por el retroceso que puede suponer la modificación de un derecho que recuerdan se planteó como medida de protección social y económica a las familias numerosas por considerar que, al tener más hijos, tienen mayores necesidades de conciliación y necesitan para ello mayores medidas de apoyo.

“Con la deducción en las cotizaciones se facilita la contratación de personal doméstico de apoyo, especialmente importante en hogares con muchos miembros, una consideración que, sin embargo, no ha tenido en cuenta ahora el Gobierno, que ha decidido recortar este derecho para las familias que más lo necesitan y que, además, son las que hacen una aportación especial a la sociedad”, explica el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo.

La FEFN teme asimismo que este cambio se traduzca en una reducción de las contrataciones de empleados de hogar, que suponga un aumento de la economía sumergida y la precariedad laboral, lo que irá en perjuicio de los propios empleados domésticos a los que se quiere proteger mediante la nueva regulación.

Más de 518.800 personas trabajan como empleadas de hogar en nuestro país, pero el pasado mes de enero solo 378.805 estaban afiliadas en el Régimen de la Seguridad Social. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), alrededor del 30 por ciento no tienen contrato. Estas bajas cifras de afiliación -unido a que se trata de un sector muy feminizado (el 95% son mujeres) y la mayoría de origen extranjero- hace que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad.

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“Con la deducción en las cotizaciones se facilita la contratación de personal doméstico de apoyo, especialmente importante en hogares con muchos miembros, una consideración que, sin embargo, no ha tenido en cuenta ahora el Gobierno, que ha decidido recortar este derecho para las familias que más lo necesitan y que, además, son las que hacen una aportación especial a la sociedad”, explica el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo.

La FEFN teme asimismo que este cambio se traduzca en una reducción de las contrataciones de empleados de hogar, que suponga un aumento de la economía sumergida y la precariedad laboral, lo que irá en perjuicio de los propios empleados domésticos a los que se quiere proteger mediante la nueva regulación.

Multas de hasta 6.250 euros

Más de 518.800 personas trabajan como empleadas de hogar en nuestro país, pero el pasado mes de enero solo 378.805 estaban afiliadas en el Régimen de la Seguridad Social. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), alrededor del 30 por ciento no tienen contrato. Estas bajas cifras de afiliación -unido a que se trata de un sector muy feminizado (el 95% son mujeres) y la mayoría de origen extranjero- hace que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad.

En los últimos meses se han puesto en marcha diferentes medidas encaminadas directa e indirectamente a mejorar su situación. Como consecuencia de las últimas subidas, el Salario Mínimo Interprofesional ha pasado de 13.512 a 14.000 euros por año para trabajos a tiempo completo y de 7,43 a 7,82 en el trabajo por horas. Organizaciones de consumidores como OCU recuerdan que las cotizaciones no pagadas no expiran y son exigibles con recargo y que los empleadores que no den de alta a los empleados pueden afrontar multas de hasta 6.250 euros.