Sumar abre la puerta a apoyar que el Ministerio de Justicia pueda asumir aquellas funciones que no son exclusivas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si el PP "continúa bloqueando" este órgano de gobierno de los jueces, señalan fuentes del grupo parlamentario.

Cuando se van a cumplir cinco años sin renovarse el CGPJ y con el nuevo Gobierno de coalición encaminado hacia una nueva legislatura, fuentes de Sumar en el Congreso no descartan recurrir a una iniciativa que limite las funciones del poder judicial en algunas competencias, aunque no desvela cuáles.

Después de que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial haya considerado por tan solo un voto de diferencia que Álvaro García Ortiz no es idóneo para renovar su cargo de fiscal general del Estado, lo que supone la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces no da su apoyo al candidato propuesto, algunos diputados de Sumar consideran que "el PP sigue bloqueando" este órgano.

"Y si este bloqueo ya se convierte en estructural, Sumar defenderá una reforma de sus competencias, para que las lleve el Ministerio de Justicia", consideran, tras recordar que el CGPJ es un órgano que no existe en otros países y cuyas funciones asume el ministerio competente.

No obstante, las mismas fuentes no desvelan si esta reforma la pedirían como grupo parlamentario a través de una proposición de ley -en solitario o con el apoyo del PSOE- y dejan la puerta abierta a que también pueda ser un proyecto de ley elaborado por el Gobierno para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Se trataría de sacar de la "parálisis" una parte de las competencias del CGPJ para que las asumiera el Ministerio de Justicia con el fin de "no deteriorar la Justicia", inciden.

¿Qué funciones tiene el CGPJ?

Las funciones y competencias del Consejo se distribuyen en nueve grandes áreas: nombramientos reglados y discrecionales, inspección de los juzgados y tribunales, régimen disciplinario judicial, formación judicial, potestad reglamentaria, publicación de las sentencias, función consultiva, mejora de la calidad de la justicia y relaciones internacionales.

Su función principal es gestionar la administración de Justicia y garantizar la independencia de los jueces y tribunales respecto al resto de poderes del Estado, incluso respecto a los demás órganos judiciales y los del propio gobierno del poder judicial.

A estas competencias se añade, de un lado, la relativa a la selección y formación de los jueces, asumidas en el año 1994, y, de otro lado, la mejora de la calidad de la justicia, en cuanto presupuesto del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Sin embargo como órgano constitucional de autogobierno, el Consejo está legitimado para plantear conflictos ante el Tribunal Constitucional en defensa de sus competencias.