El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha reunido este martes con representantes de la comunidad educativa, con ONG de infancia y lucha contra la desigualdad social y con organizaciones que combaten la despoblación y el reto demográfico. El jefe del Ejecutivo y las ministras de Educación y Formación Profesional y de Sanidad, Consumo y Bienestar Social han llevado a cabo estas reuniones en el marco de la ronda de consultas que Sánchez está desarrollando para elaborar una propuesta de gobierno con la que presionar a Unidas Podemos para permitir la investidura del líder socialista. 

En la mesa de la comunidad educativa, sin embargo, no ha estado la escuela concertada. Ni los sindicatos (FSIE y USO), ni los padres (CONCAPA), ni los titulares de centros (Escuelas Católicas y CECE). Ninguno de ellos ha recibido la invitación del presidente del gobierno en funciones para sentarse en la mesa a exponer ante Sánchez sus preocupaciones y proyectos. De este modo, se quedan fuera de la cita los más de 3.000 centros de la concertada repartidos por toda España, donde se educan más de un millón y medio de alumnos.

CONTINUO ATAQUE A LA CONCERTADA

Lo cierto es que desde su llegada al poder en junio de 2018, Sánchez ha puesto en el punto de mira a la escuela concertada. El pasado mes de septiembre,  la ministra de Educación y Formación Profesional (FP), Isabel Celaá, anunció que se eliminaría el criterio de demanda social por el que la Administración debe garantizar a los padres plazas en los centros concertados lo que limita el crecimiento de este modelo educativo. El Gobierno tenía intención de modificar así el artículo de la Lomce que hace referencia a la demanda social que ha permitido incrementar en los últimos años las plazas de la educación concertada, algo que finalmente no pudo hacer ante la convocatoria de elecciones a pesar de los determinados y rápidos pasos dados en esa dirección por el Ejecutivo socialista.  

Isabel Celaá, ministra de Educación en funciones, ha asegurado este martes en la reunión que dicha futura ley educativa, la llamada ya 'ley Celaá', no se va retocar y que solo contará con las aportaciones que se hagan durante su trámite parlamentario.  Al encuentro sí han asistido sindicatos docentes como CCOO, ANPE, UGT, CSIF o STES; asociaciones de madres y padres como la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (CEAPA) y de estudiantes como la Confederación Estatal de Estudiantes CANAE o FAEST. La mayoría de estos colectivos forman la Plataforma en Defensa de la Educación Pública que protagonizó movilizaciones contra los recortes en educación bajo el manto de la 'marea verde'. Además también han asistido representantes de la federeación de directores de centros públicos FEDADI, la asociación de inspectores de educación ADIDE, el Movimiento de Renovación Pedagógica, el colectivo Por otra política educativa de Sevilla, la Fundación CIVES, la Liga Laica de la Ciudadanía y la Cultura Popular y la Unión de Cooperativas de Enseñanza.

BENEFICIOS DE LA ESCUELA CONCERTADA

En la escuela concertada están escolarizados casi un tercio de los niños y jóvenes en España. La escolarización en estos centros ha aumentado en 12.000 alumnos en el último curso. El Vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Giménez Barriocanal, recordó el pasado mes de junio en la presentación de la memoria de la Iglesias el ahorro de "más de 3300 millones de euros" que supone la educación concertada para las arcas públicas. El tesorero de la CEE subrayó también la "especial predilección" de la Iglesia por el trabajo con los alumnos extranjeros e inmigrantes. Son más de 69.000 estudiantes los que acuden a estos centros, a los que se suman los 11.700 alumnos en centros para personas con capacidades diferentes.