Un año después de la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, el tablero político español ha dado un giro de 180 grados. El primer mandato de Pedro Sánchez, el más breve de la democracia, le ha servido para catapultarse al poder. Sin embargo, hace poco más de 365 días el PSOE era el tercer partido en expectativa de voto, según el CIS. Hoy vive una luna de miel que le ha permitido teñir el mapa político de rojo.

UN EJECUTIVO "FEMINISTA Y PROGRESISTA"

El aval de 180 diputados permitió al secretario general de los socialistas acceder a La Moncloa el 1 de junio de 2018 con el aval de Podemos, Compromís, PNV, Bildu, PdeCAT, ERC y Nueva Canarias. Puso fin así al mandato de 7 años de Mariano Rajoy, desencadenando su despedida de la política activa tras 40 años de servicio.

Por primera vez el PP convocó un proceso de primarias para elegir a su sucesor, que finalizó con la elección de Pablo Casado como presidente de los populares. Actualmente, se enfrenta a Albert Rivera por el dominio del centro-derecha. Una batalla a tres bandas tras la irrupción de Vox.

Sánchez anunció entonces un Gobierno “feminista y progresista”, con mayoría de mujeres, un escritor-periodista y hasta un astronauta. Pero los acontecimientos posteriores acabaron lastrando su puesta en escena.

LA DIMISIÓN DE HUERTA, EL MÁSTER DE MONTÓN Y LA TESIS DE SÁNCHEZ

A penas seis días después de que prometiera su cargo en el Palacio de la Zarzuela, el titular de Cultura y Deporte se veía obligado a dimitir por haber defraudado más de 200.000 euros a Hacienda. Según destapó 'El Confidencial', el presentador, que ganaba cerca de 300.000 euros al año en Mediaset, creó una sociedad interpuesta para no declarar esos ingresos mediante el IRPF. Para evitar su tipo máximo acudió al impuesto de sociedades, acogiéndose a uno inferior.

Además, Huerta se desgravó mediante esa empresa la compra y los gastos de un apartamento en la playa, una inversión personal que no tenía nada que ver con la actividad de su sociedad.

La crisis del máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes salpicó al propio Ejecutivo socialista, que quiso hacer de la lucha contra la corrupción su bandera. El 11 de septiembre la exministra de Sanidad Carmen Montón dimitió tras conocerse algunas irregularidades en su Trabajo de Fin de Máster (TFM), una causa que finalmente archivó la justicia.

La propia tesis doctoral de Pedro Sánchez también ha estado en el candelero después de que varios medios lo acusaran de plagio y falta de originalidad.

Conforme a las informaciones periodísticas, el presidente del Gobierno en funciones habría copiado contenidos de su tesis de trabajos anteriores de otros autores, sin citarlos y haciéndolos pasar por propios.

EL GOBIERNO DEL DECRETO LEY APOYADO EN PODEMOS

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La fragilidad parlamentaria del Gobierno de Sánchez, con 84 diputados en el Congreso, se advirtió desde el primer momento. Eso lo llevó a gobernar a base de decretos leyes, pese a ser un instrumento normativo previsto para regular situaciones de extraordinaria y urgente necesidad.

Entre las principales medidas aprobadas mediante esta norma destaca la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros, el incremento de las pensiones o la subida salarial del 2,25% para los funcionarios.

Criticados también han sido sus 'viernes sociales'. El Consejo de Ministros continuó aprobando decretos leyes pese a disolverse las cortes con la convocatoria de elecciones. En concreto, se acusó a Sánchez de utilizar la Moncloa como un escaparate electoral desde el que intentar rascar votos.

Sin el apoyo de Podemos, Sánchez difícilmente podría haber gobernado. Desde un inicio se evidenció la sintonía entre ambas formaciones, hasta el punto de que la oposición criticó a Pablo Iglesias de ejercer como un vicepresidente en la sombra.

No en vano, el líder de Podemos visitó a Oriol Junqueras en la cárcel de Lledoners para recabar el apoyo de los independentistas a los Presupuestos Generales del Estado, aunque los acabaron tumbando propiciando el adelanto electoral.

LA DISTENSIÓN CON LOS INDEPENDENTISTAS Y LA FOTO DE COLÓN

Desde que llegó a La Moncloa, Sánchez abrió una política de distensión con los independentistas que lo llevó a descongelar las cuentas de la Generalidad o a celebrar cumbres bilaterales entre el Ejecutivo central y el autonómico. Incluso apostó por un referéndum de autogobienro para volver al Estatuto de Autonomía que el Tribunal Constitucional anuló en 2010. Entre otros extremos, preveía un órgano de gobierno propio para Cataluña del Poder Judicial o el uso preferente de la lengua catalana frente al español.

Sin embargo, tras la negativa de los independentistas a aprobar sus cuentas, Sánchez endureció el discurso contra ellos, acusándolos de posicionarse con la derecha para echar por tierra “los Presupuestos más sociales de la historia y los mejores para Cataluña”.

La figura del relator, que en palabras de la vicepresidenta Calvo tenía como propósito dar con una “solución política” a las reivindicaciones de las formaciones secesionistas, pero que fue criticada por la oposición por “claudicar” frente a Torra y su deseo de “internacionalizar” el conflicto “para romper España”, dio lugar a una manifestación en la madrileña plaza de Colón.

Convocados por el PP, Cs y Vox miles de personas salieron a la calle para exigir el fin de las negociaciones con los independentistas. La foto que se tomó entre los representantes políticos convocantes sirvió al PSOE para movilizar a los suyos con el miedo a Vox y ahondar en la fragmentación del voto conservador.

LAS CONTRADICCIONES DEL PRESIDENTE

En este primer mandato, han sido sonadas las contradicciones y rectificaciones del gabinete de Sánchez. En un primer momento, el Gobierno aseguraba estar comprometido con los Derechos Humanos. Por eso, su primera medida fue acoger al barco del Aquarius con  629 inmigrantes. Sin embargo, apenas dos meses después devolvió en caliente a 116 personas que saltaron la valla de Ceuta. Fueron expulsadas sin aplicarles ninguna de las protecciones y garantías que contempla la legislación de extranjería.

Otra polémica vino servida por la suspensión a la venta de armas a Arabia Saudí. Aunque en un inicio la ministra de Defensa, Margarita Robles, desautorizó un contrato de venta de armamento al país, accedió más tarde al mismo tras verse amenazados los empleos de Navantia en la Bahía de Cádiz.

Lo mismo sucedió con RTVE. Si bien el presidente prometió despolitizar el ente ante las criticas de los trabajadores, la gestión de la administradora, Rosa María Mateo, ha estado rodeada de polémica. Desde su llegada al ente público no ha conseguido aplacar los ánimos de la plantilla ni mejorar el ambiente de la redacción y las audiencias tampoco la han acompañado.

Es más, el Consejo de Informativos de RTVE emitió un comunicado criticando a Pedro Sánchez, candidato del PSOE a las elecciones del 28 de abril, por aceptar acudir a un debate a cinco en Atresmedia, una entidad privada, y no al debate a cuatro que planteó TVE por no estar Vox. Finalmente, la formación de Abascal no pudo participar en ninguno de los dos por decisión de la Junta Electoral y el hoy presiente tuvo que acudir a ambos.

LA EXHUMACIÓN DE FRANCO DEL VALLE DE LOS CAÍDOS

En la primera entrevista que concedió a la televisión pública tras ser nombrado presidente del Gobierno, Sánchez dijo que una de las prioridades de su Gobierno sería la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, a la que procedería a la máxima urgencia.

En un inicio iba a desenterrarse antes de que finalizase el mes de julio, después anunció que se llevaría a cabo en agosto mediante un decreto que no llegó al último Consejo de Ministros celebrado antes de las vacaciones estivales. Finalmente, se despachó con un aplazamiento para después del verano. "Si hemos esperado 40 años, no importará esperar unos días más", dijo el presidente del Gobierno.

Después de un año, Franco sigue en el Valle de los Caídos. Aunque ya comenzaron las obras para acondicionar la cripta del panteón de Mingorrubio, en El Pardo, donde el Gobierno piensa enterrar los restos de Franco el próximo 10 de junio, el Supremo prevé paralizar el traslado cautelarmente para evitar daños irreparables que se producirían si, finalmente, el Supremo se opusiese a la exhumación al resolver el fondo del asunto el próximo otoño.