Con la llegada masiva de inmigrantes a las costas españolas durante los últimos días se reabre el debate sobre el proceso de atención, integración y reportación que desarrollan los servicios de emergencia de España. Desde el rescate en el mar hasta la designación del destino de cada una de las personas que han llegado en busca de una oportunidad. Seguramente, la decisión más polémica del procedimiento por la disparidad entre casos.

El dispositivo se activa con una llamada para avisar a la Guardia Civil y a Salvamento Marítimo del acercamiento y la ubicación de una embarcación hacia una determinada costa de la península. A partir de la notificación se comienza a coordinar el rescate por medio de la recogida y el traslado de los inmigrantes al navío del servicio de emergencias que los atiende o por la facilitación de la llegada de la patera a la orilla.

Tras su atraco en España se activa el segundo apartado de este proceso, la recepción y atención. Normalmente organizada por Cruz Roja, aunque si los inmigrantes requieren de una observación más severa pueden ser directamente derivados a un centro hospitalario. Sin embargo, por norma general, el primer contacto con la península de las personas que acaban de ser rescatadas del mar ocurre en los módulos de asitencia con los que cuenta la ONG en ciertos puertos de todo el litoral español.

En dichos módulos se establece el primer diagnóstico y se comienza a separar a los hombres de las mujeres y los menores ya que estos tendrán un destino diferente. Excepto, que demuestren (con pruebas de ADN incluidas) que existe entre ellos un vínculo familiar. Además, allí reciben una asitencia humanitaria básica que les suministra, entre otras cosas, comida, agua, mantas, ropa seca y kits de higiéne.

Una vez han recibido la atención médica necesaria y, por tanto, ya dispongan de la primera evaluación sobre su estado, los servicios de emergencia comienzan la identificación de las personas que han llegado para una posterior deportación. Una tarea realmente complicada tanto por la desinformación como por la poca ayuda que prestan los inmigrantes (movidos, obviamente, por la oportunidad que les concede el simple hecho de estar en un país europeo). En el caso de que las autoridades españolas no consigan averiguar la nacionalidad de la persona, no tienen potestad para ejecutar la orden de deportación.

Por lo tanto, los inmigrantes que han sido identificados son trasladados a los CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) donde solo pueden estar en un periodo máximo de 60 días, aunque según los datos del Defensor del Pueblo la media de estancia en estos centros es de 24 días. A este tipo de centros solo pueden ser derivados los inmigrantes cuya nacionalidad haya sido descubierta (o hayan cometido un delito determinado). 

Asimismo, las personas que no hayan sido identificadas son trasladadas a centros de acogida. Eso sí, con la libertad de poder decidir si quedarse o irse. No como sus compañeros internados en el CIE que esperan allí la orden de deportación a su país. Sin embargo, en muchos casos, si ese periodo finaliza y las autoridades todavía no han detectado o identificado a la persona que ha llegado a España de forma irregular, el inmigrante saldrá del centro, aunque sin documentación y con la posibilidad de volver a ser internado. No obstante, se descontarán del máximo de 60 los días que permanecieron con anterioridad.

En el rescate, por tanto, participan de forma coordinada Guardia Civil y la unidad de Salvamento Marítimo, diferentes ONG (Cruz Roja, Proactiva Open Arms...), colectivos de abogados para la defensa de los derechos de los inmigrantes y cuerpos de seguridad y emergencia del estado. En las complicadas tareas de identificación y en el control y seguridad de los CIE es fundamental el trabajo del Cuerpo Nacional de Policía. Aunque es cierto que no comparten el mismo propósito que unos inmigrantes que lo único que anhelan es quedarse en Europa para tener, al menos, una oportunidad.