El objetivo del Gobierno sigue siendo impedir la investidura a distancia de Carles Puigdemont y vigilará con lupa cada paso que dé el parlament a partir de ahora. De momento la normalidad ha sido hoy, admiten, la nota dominante, y el discurso del nuevo presidente de la cámara, Roger Torrent, no ha empeorado las cosas. Pero el movimiento se demuestra andando. Eso sí, hay ya precedentes de que, cualquier vulneración de la ley, le puede traer problemas, así que esperan que haga bueno aquello de que “cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar”.

El Ejecutivo ha decidido finalmente no recurrir hoy la decisión de la Mesa de edad de permitir el voto delegado de los cargos electos que permanecen en prisión: Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sánchez. Fuentes consultadas por la Cope aseguran que han preferido dar por buenos los argumentos del juez instructor del caso contra los soberanistas, Pablo Llarena, quien admitía ese voto delegado porque los cargos electos que estaban en prisión tenían su capacidad legal limitada. Y es que, según esas mismas fuentes, no podían arriesgarse a acudir al Constitucional y a perder el recurso, porque esto volvería a dar alas a los independentistas que intentarían utilizarlo al máximo. La premisa del Ejecutivo es clara: “hay que dar pasos firmes, pero no, pasos en falso”. En Moncloa piensan, además, que la advertencia de Rajoy anunciando un recurso si se permitía el voto de los fugados, ha surtido efecto y ha disuadido a la mesa de edad.

El objetivo pues, ahora, es impedir la investidura desde Bruselas de Carles Puigdemont. Nadie quiere ya, piensan en el Gobierno, que prospere su candidatura, ni siquiera los suyos, pero los soberanistas seguirán utilizando esa posibilidad con fines propagandísticos, aunque, apuntan, al final acabarán presentando a un candidato “limpio”. El problema es que nadie le dice al ex-president cual es la realidad, nadie le cuenta que, el rey, va desnudo. Otro de lo problemas que se le plantean al Ejecutivo es qué hacer si Puigdemont aparece en el parlament. Todos los escenarios están previstos, aseguran, y, además se pueden adoptar medidas previas.

El Ejecutivo cree que solo se arriesgaría a venir a España y a ser detenido, si ha sido investido presidente, algo que intentaran evitar por todos los medios, pero si vuelve a nuestro país, su destino, previsiblemente, será, vaticinan, acompañar a Junqueras en la cárcel. Desde Moncloa recuerdan además, que, para que el 155 se suspenda, habrá que cumplir varios requisitos, entre ellos que el candidato resida en España, y que el nuevo Gobierno cumpla la ley. Y, además, subrayan, ese artículo de la Constitución puede volver a aplicarse con más celeridad incluso si se vuelve a vulnerar la legalidad, ya que los precedentes se conocen. Todo sería más ágil.