Todas las medidas propuestas por el PP y Ciudadanos en matería de violencia de género en Andalucía se recogen en un único punto, el 84 de los 90 que ambas formaciones han acordado como programa de Gobierno para la legislatura en la que esperan gobernar en coalición. El texto de ese punto 84 es más bien escueto: 

 84.-- Impulsaremos un Gran Acuerdo contra la Violencia de Género en Andalucía que desarrolle en nuestra comunidad los avances logrados con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que implemente, con dotación presupuestaria suficiente, todas y cada una de las medidas previstas en la ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la ley 13/2007 de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, a fin de acabar con esta lacra social.  

Así que lo realmente relevante es saber qué es esa ley 7/2018 del 30 de julio y cuáles son las medidas previstas en esa ley, de las cuales el PP y Ciudadanos quieren implementar "con dotación presupuestaria suficiente", "todas y cada una" de ellas.

La ley 7/2018, de 30 de julio fue publicada en el BOE el pasado 27 de agosto. Fue aprobada este mismo verano con los votos a favor de PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos, y con la única abstención de Izquierda Unida. Los partidos que aprobaron la ley representaban en ese momento al 86% de los andaluces.

Esta ley servía para modificar y actuallizar la ley 13/2007, de 26 de noviembre, adaptándola a la nueva realidad social. Entre las cuestiones que modifica están las siguientes:

-El Artículo 1 bis reduce los requisitos para ser considerada víctima de violencia de género. Ya no será necesario interponer una denuncia para ser reconocida como víctima, bastará con un informe de los servicios sociales, de acogida o de atención a víctimas que lo acredite. Además, se amplía la consideración a los hijos de mujeres que sufran violencia, a las personas en situación de dependencia que la mujer tenga a su cuidado y a las madres cuyos hijos hayan sido asesinados.

-En el Artículo 4 se amplían los supuestos en los que una mujer es víctima de violencia de género, incluyendo por ejemplo todos los tipos de violencia sexual, tenga o no su autor relación previa con la víctima; también los feminicidios, es decir, cualquier homicidio o asesinato vinculado a la violencia sexual; los abusos sexuales realizados por hombres contra mujeres, sea cual sea el ámbito en el que sucedan; el acoso sexual o cualquier acoso dirigido a la mujer por cuestión de sexo, incluido el laboral; también los delitos relacionados con la trata de blancas y la explotación sexual y todos los delitos relacionados con el acoso a través de internet.

Uno de los aspectos que más molesta a Vox de la ley es el que se refiere a las medidas de prevención en materia de violencia de género, especialmente el que se recoge en el artículo 10 bis, que habla de "reeducación social": 

"Artículo 10 bis. Programas dirigidos a hombres para la erradicación de la violencia de género.

1. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá programas y actuaciones de prevención de todas las formas de violencias y desigualdades de género, dirigidos específicamente a hombres, como forma de prevención.

2. Estos programas podrán incluir medidas para la reducción del riesgo de la violencia de género a través de la reeducación social, que podrá comprender tratamiento psicológico, mecanismos de readaptación, resocialización, rehabilitación y otros procedimientos técnicos aconsejables. En ningún caso, las cantidades destinadas por la Administración de la Junta de Andalucía a la elaboración, desarrollo, promoción o ejecución de dichos programas podrán suponer una minoración de las que tengan por objeto la protección integral de las víctimas."

La mayoría de estas medidas de la ley andaluza contra la violencia están recogidas también en el Real Decreto-Ley 9/2018 que el Gobierno Sánchez aprobó en septiembre, con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias (PP y Ciudadanos incluidos), por lo que el acuerdo entre PP y Ciudadanos a nivel autonómico se reduce más bien al desarrollo presupuestario de las medidas, esto es, cuánto dinero se destina y a qué y quiénes va destinado ese dinero,