El PSOE registra este viernes en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley que se tramitará por la vía de urgencia para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018, pueda volver a proponer a dos magistrados para la renovación del Tribunal Constitucional.

El Gobierno impulsó la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aprobada en marzo de 2021, que prohibía al órgano de gobierno de los jueces realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial estando en funciones, situación en la que se encuentra desde diciembre de 2018.

Cuatro de los doce magistrados de la corte de garantías caducaron el pasado domingo su mandato con la incertidumbre sobre cuándo y cómo serán sustituidos. La Constitución dicta que este tercio deben renovarlo Ejecutivo y Consejo General del Poder Judicial, proponiendo dos candidatos cada uno, pero la falta de acuerdo entre PSOE y PP para pactar un nuevo CGPJ ha provocado que el actual no pueda nombrar a los suyos, lo que arroja dudas sobre si Moncloa puede actuar sola.

La Constitución establece en su artículo 159 que "los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres", siendo nombrados por el Rey "cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial".

Del tenor literal del precepto se desprende que la Carta Magna obligaría a renovar por tercios completos, de modo que tanto el Ejecutivo como el CGPJ tendrían que postular a sus dos magistrados para presentar un 'pack' cerrado. La intención del grupo socialista es que esta nueva ley se tramite de forma urgente, incluso antes del verano, y una vez que el CGPJ designe a los dos magistrados que le corresponden, que el Gobierno haga lo propio con los dos que le toca designar. El salto está lejos de ser baladí, ya que la actual mayoría conservadora debe resolver norma sobre asuntos clave como la eutanasia, la Ley Celaá o la del aborto.