El polémico rescate a la aerolínea española Plus Ultra, con parte de su capital en manos de empresarios cercanos a Nicolás Maduro, sigue generando suspicacias. El Gobierno de España le brindó a la compañía aérea una ayuda de 53 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, el SEPI. Un rescate que no cumplía los requisitos para recibir dichas ayudas, ya que la empresa, con una flota muy reducida, no es, ni mucho menos, estratégica.

Esas ayudas estuvieron en tela de juicio desde el principio tanto en los partidos de la oposición como de la opinión pública. Ahora, poco a poco, más allá de las informaciones vertidas en los medios de comunicación, parece que esas sospechas han acabado en varias vías de investigación institucional y judicial. Primero fue la Comisión Europea la que abrió una investigación para intentar esclarecer si los 53 millones de euros entregados por el Gobierno de España a la compañía a través del SEPI eran una ayuda de Estado ilegal.

Y ahora es el Tribunal de Cuentas el que ha decidido seguir sus pasos. La ofensiva desplegada por Ciudadanos para que se lleve a cabo una investigación a fondo sobre el controvertido rescate de Plus Ultra sigue su curso. Según ha informado este martes la propia formación naranja, este órgano ha admitido a trámite la denuncia que presentaron la presidenta del partido, Inés Arrimadas, el portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, y el eurodiputado Luis Garicano el pasado lunes 7 de junio. La intención: que el tribunal determine quiénes son los responsables contables de este rescate.

A partir de ahora, el Tribunal de Cuentas tendrá que dilucidar si Plus Ultra reunía o no las condiciones requeridas para optar a esa ayuda, como considera Ciudadanos, y quiénes son los responsables contables del millonario rescate. En concreto, quieren que se esclarezca el papel que ha podido jugar del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el rescate a la aerolínea. Una aerolínea con vínculos estrechos conocidos con el régimen venezolano, siendo Caracas, de hecho, una de las únicas tres rutas a las que vuelan su limitada flota de cuatro aviones.

Como ha señalado la formación naranja: “Desde Ciudadanos celebramos que la denuncia por este caso siga adelante y esperamos que el Tribunal de Cuentas sea quien aprecie la presunta existencia de infracciones contables, así como a los responsables, es decir: qué cuantía de dinero se ha desviado con este escándalo y quienes son los responsables, así como que ese dinero sea devuelto a las arcas públicas”.

El tema del polémico rescate también ha tenido su eco este martes en el Congreso. La secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo, ha explicado que la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) no opinó sobre la concesión de la ayuda del Fondo SEPI a la aerolínea Plus Ultra porque el Ministerio de Transportes, ha señalado, no participa en el órgano que decide estas ayudas.