El Poder Judicial ampara a juez del caso Cursach ante el acoso de un abogado

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado hoy por unanimidad amparar al juez del caso Cursach, Manuel Penalva, ante el acoso de uno de los abogados del caso, que llegó a convocar una manifestación para pedir su detención.

Según informa en un comunicado el órgano de gobierno de los jueces, la Comisión Permanente ha decidido por unanimidad otorgar ese amparo al titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, que denunció el "continuo hostigamiento" que sufre por parte de varios letrados personados en el caso de corrupción que instruye.

En concreto, le ampara frente a la actuación de uno de esos abogados, Vicente Campaner, a quien insta que deje de perturbar el ejercicio independiente de la función jurisdiccional.

Además, el CGPJ da traslado de su decisión al Colegio de Abogados de les Illes Balears "por si, en el ámbito de su competencia, considerase preciso realizar alguna actuación en relación con la conducta del letrado".

En concreto, ha dado especial trascendencia a la convocatoria por parte de Campaner de una manifestación que tuvo lugar el pasado 27 de noviembre y cuyo objeto, según la comunicación que el letrado dirigió a la Delegación del Gobierno, era "reivindicar que se haga justicia deteniendo e inhabilitando" al magistrado y al fiscal adscrito al caso.

Los acusaba de haber manipulado e inventado pruebas para encarcelar a personas inocentes en el citado procedimiento judicial.

"Una manifestación, convocada ante las sedes judiciales, para reivindicar la detención e inhabilitación de un juez que se encuentra instruyendo unas diligencias judiciales, y que coincide además con el día en que se encuentran señaladas diversas declaraciones de investigados en la causa (...) tiene suficiente gravedad y entidad como para ocasionar un efecto negativo apreciable sobre el ejercicio de la jurisdicción, suponiendo una clara injerencia en un asunto judicial en curso", señala el acuerdo aprobado hoy.

El CGPJ expone que, ante la sospecha de mala praxis judicial, el letrado podía usar los cauces legales previstos para reivindicar sus legítimas aspiraciones.

Pero no recurrir a "una descalificación tan absoluta de la función jurisdiccional, dirigiendo y jaleando a una multitud de personas que no tienen otro objetivo más que sembrar una duda generalizada sobre le independencia del juez que conoce el caso, y que les conduce incluso a solicitar su detención e inhabilitación".

El CGPJ concluye que esas actuaciones "no sólo comprometen el deber de respeto hacia las decisiones judiciales, sino que, además, transmiten a los ciudadanos una imagen distorsionada de la Justicia y del principio constitucional de separación de poderes, que ha de considerarse un principio constitutivo de nuestro sistema político y de convivencia"

Es decir, "proceden a socavar uno de los fundamentos esenciales del orden constitucional: la legitimidad de los miembros del poder judicial y la confianza social en su actuación".