Casi dos años después de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, son varios los frentes que el líder socialista tiene abiertos para continuar placidamente como líder del Ejecutivo.

Desde el primer momento, en el partido de la calle Ferraz han sido conscientes de la complejidad que representaba la suma parlamentaria que permitió a Sánchez mantenerse en el Palacio de la Moncloa. Al apoyo mayoritario de Unidas Podemos, principal socio de la coalición, se unen los de partidos tan variopintos como ERC, EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Más País y otros apoyos menos trascendentales como el de Compromís o Teruel Existe.

Con el avance de la legislatura se ha hecho patente que cada paso de Sánchez era vigilado por estas formaciones, que no han dudado en mostrar su rechazo a algunas decisiones del Gobierno 'amenazando' con quitar su apoyo al Gobierno de coalición. En caso de que alguna de estas amenazas se cumpliesen en algún momento, la inestabilidad parlamentaria a la que se enfrentaría Sánchez sería enorme, y provocaría una importante presión en el presidente del Gobierno para convocar elecciones.

Ante este contexto, el Ejecutivo de coalición vive en este otoño uno de esos momentos claves, ya que está teniendo que gestionar dos cuestiones de gran calado político para la gobernanza de nuestro país: la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado y la intención de Unidas Podemos de derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy.

La reforma laboral tensa el pacto entre PSOE y Podemos

En este sentido, la formación morada parece que no será un obstáculo para sacar adelante el proyecto de cuentas públicas que presentó hace unas semanas María Jesús Montero en el Congreso de los Diputados. Pero la tensión que existe entre ambas formaciones respecto a la derogación de la reforma laboral sí que puede ser una piedra en el camino de la legislatura en las próximas semanas.

Parece que el apoyo de los 35 diputados de la formación morada serán clave para reforzar la postura de Yolanda Díaz. En este sentido, la reunión de urgencia que se ha celebrado este lunes entre PSOE y Unidas Podemos no ha resuelto la división que existe entre ambas formaciones respecto a la reforma laboral.

Mientras que en el ala socialista se tilda de "encuentro constructivo", en Unidas Podemos no tiembla el pulso para decir que no se ha producido avance alguno. El PSOE llegaba a este encuentro con la orden de Pedro Sánchez de forzar a Yolanda Díaz para que incluya en las negociaciones a los agentes sociales y a Nadia Calviño como interlocutora.

Para los morados esta propuesta ha sido catalogada como una injerencia, ya que consideran que es una medida que solo tiene que tener como piloto al Ministerio de Trabajo. Para Unidas Podemos se trata de un asunto nuclear, y por ello no están dispuestos a que el PSOE, y Pedro Sánchez junto a Nadia Calviño en particular, lleven la batuta a la hora de tomar las decisiones trascendentales.

El encuentro de este lunes se ha mantenido en el seno de la quinta reunión de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición. Dato importante para entender que, para Podemos, esta medida es clave para mantener su apoyo a la presidencia de Pedro Sánchez.

Las pretensiones de ERC, Bildu y PNV respecto a los Presupuestos

A las presiones de Unidas Podemos a Pedro Sánchez sobre la reforma laboral se unen también las de los otros socios del Gobierno de coalición, que tensan la cuerda relacionada con la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado.

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En este sentido, ERC ha presionado al Gobierno con que tiene hasta el próximo viernes para aceptar sus exigencias si quieren contar con su apoyo. Ese día expira el plazo para que los grupos del congreso presenten enmiendas a la totalidad del proyecto de las cuentas públicas para 2022.

La formación nacionalista reclama al Ejecutivo de PSOE y Podemos que durante estos días que quedan presenten un inventario de las inversiones no ejecutadas en Cataluña incluidas en los Presupuestos de 2021. Sobre ello, el departamento económico de la Generalitat asegura que en el primer semestre del año solo se ha ejecutado el 13% del gasto comprometido en las cuentas públicas para 2021.

Pero "la piedra más importante", según ERC, para apoyar los Presupuestos es que la protección del catalán no se haya incorporado específicamente al proyecto de la futura ley general de comunicación audiovisual. En este sentido, el partido nacionalista exige que plataformas como Netflix o HBO deban cumplir con un porcentaje mínimo de contenidos en catalán, vasco o gallego.

A sus reclamaciones se une también el malestar entre los diputados de ERC, y que se extiende también a los del PNV, respecto a en el Gobierno se tiene por descontado el apoyo de estas dos formaciones. "Ese comportamiento no ayuda", ha sido la frase que más se ha repetido en las últimas semanas en los pasillos del Congreso entre los diputados de ambas formaciones.

Respecto al PNV, considerado un socio estratégico en el Partido Socialista, se subraya que no existe ningún acuerdo cerrado y que la opción de tramitar a una enmienda a la totalidad de los Presupuestos está encima de la mesa".

En este sentido, el Partido Nacionalista Vasco ha hecho llegar a varios ministros su agenda de reclamaciones, aún pendientes desde el año pasado, con asuntos como la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital o la llegada del tren de alta velocidad a Vitoria y Bilbao.

En cuanto a EH-Bildu, las palabras de Arnaldo Otegi, relacionando el apoyo a las cuentas con la salida de los etarras que están en prisión han llevado a un punto delicado las negociaciones. A partir de ahí, los diputados de la formación vasca en el Congreso han señalado que las negociaciones siguen en curso y con "total normalidad", añadiendo que esta reclamación de Otegi no forma parte de la agenda a discutir para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

La sombra de una nueva prórroga de los PGE en el horizonte

Con todos estos debates encima de la mesa, Pedro Sánchez se lanza a recabar la mayoría necesaria, de 176 diputados, para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. La coalición de Gobierno, formada por PSOE y Unidas Podemos suman 155 escaños. A estos se deben sumar los apoyos directos de sus socios nacionalistas: ERC (13) y PNV (6). Con esta sumar se alcanzarían los 174, y solo sería necesario sumar dos apoyos en el grupo mixto. Según estas cuentas incluso se podría evitar sumar los apoyos de EH-Bildu si formaciones Más País, Compromís y algún partido regionalista se suma al acuerdo, algo que a día de hoy no parece nada complicado.

En caso de que se presenten enmiendas a la totalidad, se deben tener en cuenta algunos aspectos fundamentales para entender la lógica parlamentaria. Si algún partido vota de forma negativa a las enmiendas, y por lo tanto a favor del proyecto presentado por el Gobierno, esto no significa que vayan a dar su voto definitivo a las nuevas cuentas, sino que muestran su voluntad de seguir negociando.

En caso de que Pedro Sánchez no fuese capaz de sumar una mayoría necesaria para sacar adelante las nuevas cuentas se ejecutará la prórroga de los del año anterior. Esta situación se ha repetido cinco veces en la última década: 2012, 2017, 2018, cuando se prorrogaron los del año anterior y luego se aprobaron a mitad de año, y en 2019 y 2020, cuando se usaron los de 2018.

Sánchez ya ha vivido esta situación como presidente del Gobierno, ya que hasta la aprobación de las últimas cuentas estuvieron vigentes las cuentas diseñadas por Cristóbal Montoro durante el Gobierno del Partido Popular.