El Constitucional reactiva las resoluciones del procés en el pleno que inicia este martes con varios asuntos, entre ellos, el recurso del exconseller Carles Mundó contra la condena del Supremo y otro sobre la continuidad del juicio pese a que algunos procesados se habían convertido en diputados.

La agenda catalana se retoma en el tribunal de garantías tras resolverse la recusación del magistrado Antonio Narváez que hace un mes decidió abstenerse de participar en las deliberaciones de todos los recursos relacionados con el procés, lo que desbloquea varios asuntos que estaban pendientes de resolución, entre los que destacan cuatro sentencias que el Pleno prevé aprobar esta semana.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que los magistrados resolverán el segundo recurso de amparo contra la condena del Supremo, el del exconseller Carles Mundó, sentenciado a un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 60.000 euros por un delito de desobediencia, por ser uno de los menos problemáticos.

Esto es así porque plantea temas como, por ejemplo, la falta de competencia del Tribunal Supremo para conocer del procedimiento o la vulneración del derecho constitucional al juez predeterminado por la ley, que se repiten en el resto de condenados pero que ya han sido resueltos en la sentencia de la exconsellera Meritxell Borrás.

Además, el Pleno verá dos resoluciones, cuya ponente es María Luisa Balaguer, que se refieren a la continuidad del juicio pese a la inmunidad adquirida por varios procesados cuando fueron elegidos parlamentarios tras las elecciones generales del 28 de abril; y las municipales, autonómicas y europeas del 29 de mayo de 2019

Entonces, el Supremo estimó que no era necesario suspender la vista oral para pedir el suplicatorio a las respectivas cámaras cuando el juicio había empezado ya el 12 de febrero.

Y la cuarta sentencia que verá el Pleno es un recurso del exlíder de ANC Jordi Sánchez, sobre los efectos de la suspensión de la condición de diputados autonómicos de los procesados (adquirida por trece de ellos tras las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017) como consecuencia de la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Dicho artículo prevé que una vez el procesamiento sea firme y se decrete la prisión provisional por un delito relacionado "con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes", el procesado que ostente un cargo público quedará "automáticamente suspendido" en su ejercicio mientras dure la situación de prisión.

Se trata de la primera sentencia que se dicta sobre este tema, que ha correspondido a Encarnación Roca, cuya decisión afectará al resto de recursos que están pendientes de lo que ahora se acuerde.

Los magistrados también tendrán sobre la mesa varios autos sobre la enésima solicitud de libertad de algunos condenados, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Josep Rull y Joaquim Forn, quienes esta vez invocan la decisión de los jueces belgas de denegar la entrega del exconseller Lluís Puig, que entendieron que el órgano competente para instruir la causa no es el Supremo sino un tribunal catalán.

Dichos autos, explican las fuentes, se resuelven después de que el tribunal de garantías haya sentado doctrina con la reciente sentencia de Borràs, en la que avala la competencia del Supremo para juzgar a los líderes independentistas.

En el orden del día figura también un auto, ponencia del magistrado Cándido Gómez Pumpido, sobre un recurso del expresident Carles Puigdemont que solicita medidas cautelares que suspendan su orden de detención en España alegando su condición de parlamentario europeo.