Los compromisos con Europa y con sus propios socios de Gobierno, ha provocado que el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, lleve desde algunos meses elaborando una reforma de las pensiones que consiga evitar la pérdida del poder adquisitivo de los contribuyentes y a la vez consiga corregir el déficit de las cuentas que lleva arrastrando la Seguridad Social.

Un plan que ha presentado este lunes el ministro a los ponentes del Pacto de Toledo y que pretende enviar a Brusela en los próximos días. Este plan es una de las reformas troncales del Plan de Recuperación con el que nuestro país quiere acompañar la llegada de los fondos europeos y con el que espera que Bruselas no exija mayores ajustes.

Cheques de hasta 12.000 euros para compensar

El plan que ha esbozado el ministro, y que actualmente negocia con patronal y sindicatos, recoge la revalorización de las pensiones según el IPC del año anterior, pero con una revisión de la misma en el caso de inflación negativa a tres años vista. Asimismo, el Ejecutivo ha ideado un plan con el que quiere penalizar las jubilaciones voluntarias anticipadas y premiar a aquellos trabajadores que retrasen su jubilación.

Para ello, Escrivá ha ideado un plan con el que quiere incentivar las jubilaciones demoradas con un cheque de hasta 12.000 euros. El Gobierno quiere, de esta forma, compensar la pensión que el Estado se ahorra con su retiro tardío y para ello ofrece esta nueva herramienta, que en el caso de las pensiones mínimas será de 4.786 euros, mientras que en el caso de las más altas será de 12.000 euros. Escrivá también ofrece la posibilidad de que el pensionista pueda asegurarse un extra del 4% para el resto de su vida, cifra que ahora se sitúa entre el 2 y el 4%.

En el caso de los contribuyentes que quieran jubilarse de forma anticipada, en cambio, el Gobierno pretende castigarlos. Para ello aumentará los coeficientes reductores de la pensión hasta el 30% en el caso de las carreras de menos de 38 años y seis meses cotizados. Estas personas, en el caso de que se decidan retirar dos años antes, tienen una penalización en su pensión de hasta el 16% en el primer año. Algo que pretende cambiar, según ha dicho, para poder incrementarlo hasta el 21% y que vaya progresivamente bajando año a año hasta el 3,3%.

Un plan que no tiene apoyos en España

Todos estos cambios, ha advertido el ministerio, ha explicado que no pretende aplicarlos de golpe, ya que su propuesta contempla un periodo de adaptación de seis años desde el arranque del ejercicio de 2022. Sin embargo, el plan que ha presentado hoy al resto de las formación recoge un apretado calendario "inamovible".

De esta forma, Escrivá ha querido meter presión a los grupos parlamentarios, ya que este mismo plan todavía no cuenta con el respaldo necesario en nuestro país. La comisión del Pacto de Toledo, por ejemplo, ha levantado algunas reticencias por la vaguedad de varios puntos.

Tampoco tiene el visto bueno del diálogo social, cuya mesa hace un mes que no se convoca. Y por último, el Ejecutivo tampoco tiene el visto bueno de la Cámara Baja, donde deberá atar los apoyos para sacar una reforma que genera dudas a Unidas Podemos.

La sostenibilidad, la gran ausente del Plan de Escrivá

El factor de sostenibilidad es otra de las piedras en el camino que se presenta en el plan que ha presentado el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. Aunque este ha reconocido que desaparecerá, no sabe exactamente con qué se va a tapar. Este elemento es uno de los cambios que más intranquiliza a los sindicatos por la pérdida del poder adquisitivo que se puede producir.

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Sin embargo, el titular de esta cartera ha dejado claro que nadie se debe preocupar y adelante que cuestiones como estas se pueden dejar para más adelante.