2022 arranca con el 51% de los presos de ETA en cárceles del País Vasco y Navarra. El pasado año, el Gobierno ha llevado a cabo un total de 143 acercamientos, casi la mitad de los 288 autorizados desde la llegada de Sánchez a Moncloa en 2018. A día de hoy, hay 183 presos de ETA en cárceles españolas, de los cuales 81 están entre Zaballa (Álava), Basauri (Bizkaia) y Martutene (Gipuzkoa), y otros 13 en la de Pamplona.

Desde el pasado 1 de julio, fecha en la que se aprobó el traslado de Iñaki Bilbao y otros tres internos que estaban en cárceles andaluzas, ningún preso de la banda terrorista está en prisiones situadas de Madrid al sur peninsular. De los acercamientos realizados en 2021, 70 fueron al País Vasco y 9 a Navarra. Durante este 2021 también se han aprobado ocho terceros grados para presos de ETA, así como otros seis han obtenido la libertad condicional.

Además, este 2021 se ha llevado a cabo la transferencia en las competencias penitenciarias en el País Vasco, lo que supone que sea el Gobierno autonómico el que adquiera dichas competencias. Una medida aprobada por el Gobierno que ha motivado las quejas de colectivos de víctimas, temerosas de que se incremente las excarcelaciones. La AVT lleva meses denunciado que hay un pacto con EH Bildu de "presos por presupuestos" y reclamando colaboración con la justicia antes de aprobar beneficios

Siete nuevos acercamientos comunicados el 30 de diciembre

El último acercamiento de presos comunicado, todavía sin llevar a cabo, tuvo lugar el pasado 30 de diciembre y afecta a siete terroristas de ETA y dos del GRAPO, y todos ellos serán trasladados al País Vasco.

Pedro María Cano Hernández, que dejará próximamente la cárcel de Logroño y que está condenado por su participación en el asesinato, en marzo de 2002, del concejal socialista de Orio (Guipúzcoa) Juan Priede. También abandonará la prisión logroñesa e ingresará en alguna de las tres vascas Arkaitz Goikoetxea Basabe, responsable del comando Vizcaya y que cumple pena acumulada de 40 años.

El tercer recluso que será traslado al País Vasco, en este caso desde la prisión madrileña de Aranjuez, es Íñigo Gutiérrez Carrillo, que fue encarcelado en 2008 y cumple una condena de 14 años por los delitos de colaboración con banda armada y depósito de armas y municiones. Su pena se extingue en julio de 2022. Junto a él también será acercada desde Aranjuez a Euskadi María Lizarraga Merino. Ingresó en prisión el 18 de diciembre de 2008 y tiene una condena de 19 años y tres meses.

Por su parte Gorka Martínez Ahedo saldrá de El Dueso (Cantabria); entre otras condenas, cumple prisión de 46 años por intentar asesinar en cinco ocasiones al expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa y en otra al sargento del Ejército José Carollo Raña. Desde Burgos será trasladado Joseba Segurola Beobide, con una pena de 20 años que tendrá liquidada en 2023 por los delitos de colaboración con banda armada, falsificación y depósito de armas y explosivos. El séptimo y último traslado acordado es el de Gregorio Vicario Setién condenado, entre otras acciones, por el secuestro en 1996 del empresario Cosme Delclaux y del industrial José María Aldaya un año antes.

Respecto a los dos miembros del GRAPO, se trata de Marcos Martín Ponce, condenado a 135 años de prisión por asesinar a dos vigilantes de un furgón en Vigo (Pontevedra) el 8 de mayo de 2000, que será trasladado del centro penitenciario de Valencia al de Murcia II. También será trasladada a esa cárcel murciana la grapo María José Baños Andújar, que cumple una condena de 35 años por delitos de colaboración con banda armada, de robo, por robo con violencia, asociación ilícita y contra la salud pública.