María José Segarra Crespo, fiscala jefa del juzgado de Sevilla, se convierte hoy en la nueva fiscal general del Estado a petición de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. El nombramiento ya se esperaba desde hace días, pero no ha sido hasta el consejo de ministros de este viernes que se ha confirmado su cargo.

Crespo llevaba desde 2004 al frente de la Audiencia de Sevilla, donde llegó a encadenar tres mandatos seguidos aupada por el Magistrado del Constitucional Cándido Conde-Pumpido. Desde entonces ha tenido que enfrentarse a casos casos complicados, como el de Marta del Castillo o los sumarios de corrupción de Mercasevilla y los ERE fraudulentos.

Es miembro influyente de la Unión Progresista de Fiscales (UPD), a la que también pertenece la ministra, y desde marzo de este año pertenece al órgano asesor del fiscal general del Estado. En su entorno la consideran una mujer conciliadora, progresista y feminista, que ha dedicado buena parte de su vida a la lucha contra la violencia machista.

Julián Sánchez Melgar

La fiscala sustituirá en el puesto a Julián Sánchez Melgar, que había sido designado por el Partido Popular tras el fallecimiento del anterior fiscal estatal, José Manuel Maza. La lista de casos judiciales que tendrá que afrontar es larga, pero destacan tres, íntimamente relacionados con el 'procés'.

Uno en el Tribunal Supremo, contra los exmiembros del Govern catalán en previsión preventiva, como Junqueras o Romeva, junto a los cinco fugados (con Puigdemont a la cabeza). Otro en la Audiencia Nacional, contra el major de los Mossos d'Esquadra Lluis Trapero, y tres personas más. El último es en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona sobre todo lo relacionado con el referéndum ilegal del 1 de octubre, que apenas se ha empezado a investigar.

El fiscal general del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno y oído previamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que revisa si reúne los requisitos necesarios para el puesto -los 15 años de experiencia-. A continuación, el Ejecutivo comunica su nombre al Congreso para que el candidato comparezca en la comisión de justicia, donde expone su programa de actuación, pero sin posibilidad de veto por parte de los grupos.