El PSOE adelanta que pretenden evitar que produzca un efecto llamada. Desde sumar intentarán acelerar su tramitación, porque temen que "el Gobierno la pueda olvidar en un cajón", decía su portavoz. Y el PP luchará para impedir que se convierta en un coladero de las mafias o que choque con la normativa europea.

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Todas estas modificaciones, todas estas enmiendas, se analizarán en la Comisión de Inmigración y se votarán en un pleno para el que no hay fecha y que las mismas organizaciones sociales que han promovido esta iniciativa reconocen a COPE que "lo mejor es que se aplace hasta después de las tres citas electorales que tenemos por delante".

Pero lo que temen en realidad es que hubiera un adelanto de elecciones generales sin haberlo aprobado. En ese caso, los letrados del Congreso nos recuerdan que precisamente por ser una iniciativa legislativa popular, estaría a salvo. No decae con la disolución de las Cortes y se retomaría con las nuevas Cámaras. Por tanto, la regularización ha echado a andar y va a ser difícil pararla.

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El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la iniciativa popular que pide la regularización de medio millón de migrantes en España con los votos a favor de todas las fuerzas con representación en la Cámara Baja, a excepción de Vox, que ha votado en contra. El PP se sumó al final a esta medida.

El partido de Feijóo finalmente declaró en la tarde del martes que votará a favor de iniciar el debate para esta regularización extraordinaria a pesar de las objeciones que admiten. Esta Iniciativa Legislativa Popular ha sido presentada por más 900 organizaciones sociales.

La Iglesia lo celebra

Tanto la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española y la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) han celebrado en un comunicado el apoyo mayoritario de los grupos políticos del Congreso de esta Iniciativa Legislativa Popular.

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"Este paso permite dar continuidad al recorrido parlamentario de esta proposición de ley, dando respuesta a una reivindicación con un sólido respaldo social", apuntan en un mensaje conjunto. Así, las entidades que firman el documento encomiendan a estos mismos partidos de la Cámara Baja a finalizar el proceso.

Apuntan que "con la aprobación de una regularización que procure una autorización de residencia y un marco de derechos para las aproximadamente 500.000 personas que se encuentran actualmente viviendo en nuestro país en situación administrativa irregular".