Las dudas sobre la entrada en nuestro país del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, siguen aumentando. Este lunes, la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, imputada por dicha entrada clandestina, se ha negado a contestar a las preguntas del juez sobre quién fue el responsable último de esta operación, y quiénes participaron desde el seno del Consejo de Ministros.

En este sentido, González Laya fue imputada por haber activado el plan desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. Siendo el coordinador de toda la planificación su ex jefe de gabinete, Camilo Villarino, que fue el encargado de ponerse en contacto con el Estado Mayor del Ejército del Aire.

Fue el 18 de abril cuando Ghali accedió a nuestro país por la Base Aérea de la capital aragonesa sin pasar por los controles de pasaportes y fronteras habituales, y sin tampoco dejar rastro de su incursión en España.

Sobre este hecho, González Laya ha defendido que la 'clandestinidad' estaba motivada por un "acto político". Para justificar dicha decisión ha señalado que este tipo de actos tienen que estar separados del entorno puramente administrativo, y que el Ejecutivo está legitimado para tomar este tipo de decisiones.

Sobre la documentación falsa, González Laya ha defendido no saber nada sobre cómo se produjo el registro de Ghali en el hospital de Logroño. También ha subrayado que no tenía constancia de que el líder del Frente Polisario estaba etiquetado por causas penales investigadas por la Audiencia Nacional.

Por ahora la investigación del juez zaragozano Rafael Lasala ha determinado la imputación de Laya y Villarino, pero está llamada a tocar otros estamentos del Gobierno. Por ahora, la investigación ya ha llegado al ministerio del Interior, también a Defensa y puede que en las próximas jornadas involucre a la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ya que hay constancia que días antes de la llegada de Ghali desde su gabinete se interesaron sobre cómo se estaba gestando la operación. El juez Lasala investiga un supuesto delito basado en prevaricación, falsedad documental y encubrimiento.

La declaración de Laya ha sido un punto de inflexión, en el que todas las miradas estaban fijadas en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La ex titular de Exteriores ha optado por la ambigüedad y el silencio, ya que si hubiese responsabilizado a algún miembro activo del Gobierno la investigación hubiese dado un salto sustancial y hubiese comenzado su trayecto hacia el Tribunal Supremo, debido a que los miembros del Gobierno son aforados.

Pero Laya ha optado por el silencio, cerrándose en banda y actuando como una especie de muro de contención a beneficio del Gobierno de coalición y sobre todo para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En este sentido, el interrogatorio se ha ido tensando con el paso de los minutos. El magistrado, molesto en algunos momentos con la actitud de Laya, le ha pedido que diese el nombre de quién estuvo detrás de la decisión. Esta insistencia de Lasala se produce después de que Villarino señalase hace unas semanas que González Laya no actuó en este caso por su cuenta. A partir de ahí se abrió la vía de que otro miembro importante del Consejo de Ministros estaría detrás de la decisión.

Laya evita dar nombres del Gobierno en su declaración

Para justificar su postura, González Laya ha defendido que su silencio está amparado en la ley de secretos oficiales. A partir de aquí el juez le ha insistido que el principio de legalidad tiene primacía, pero Laya se ha mantenido en su hermetismo.

De esta manera, González Laya se ha alineado con el Gobierno del que fue despedida en la última remodelación aplicada por Pedro Sánchez y que afectó de lleno al ala socialista del Consejo de Ministros. Esta decisión de Laya ya estaba prevista después de que aceptara como defensa a una letrada de la Abogacía del Estado.

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Por último, Laya se negó a responder a las preguntas de los abogados de las acusaciones populares, ya que consideran que no están legitimados para intervenir en un proceso como este. En caso contrario si respondió a la breve intervención realizada por la Fiscalía, para centrarse sobre todo en responder las preguntas de la abogada del Estado, con la que lleva trabajando su intervención varios días.

En esta intervención, tanto la abogada como Laya defendieron en más de una ocasión que no hubo nada ilegal en la introducción clandestina de Ghali a España, ya que en todo momento la principal motivación fue hacerlo por "motivos humanitarios".