La tramitación parlamentaria para derogar el delito de sedición avanza de forma acelerada con el objetivo de que se apruebe antes de que acabe el año y afronta este viernes otra jornada clave: los grupos tienen que presentar sus enmiendas y desvelar si se retocará también el delito de malversación. La clave está en ver cómo evitan que, de rebote, se aprovechen políticos condenados por corrupción. En cualquier caso, no será la única propuesta para la reforma del Código Penal polémica.

Esquerra quiere rebajar la malversación a cuatro años para los condenados que no se hayan lucrado personalmente y ampliar las penas hasta ocho años para los corruptos. Actualmente, el delito de malversación no hace distinción entre estos dos supuestos y las penas van de dos a seis años. Esto significa que, en la práctica, los que se benefician son los dirigentes imputados por el procés.

Hasta 24 condenados por el procés podrían verse beneficiados y hasta 12 altos cargos de Esquerra evitarían la prisión si esta propuesta es aprobada finalmente en el Congreso. Los plazos podrían acelerarse tanto que el próximo jueves podría producirse la votación definitiva. Sánchez retuerce el Código Penal para encontrar la grieta por donde beneficiar a ERC, después de que estos les brindasen el apoyo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Esto también supone que el presidente del Gobierno incumpla su palabra preelectoral.

El lío en el PSOE y los plazos

Pedro Sánchez ha ordenado comenzar 2023 con el camino lo más despejado posible. La Moncloa ha buscado retocar con Esquerra su rebaja de la malversación por el uso indebido de fondos públicos, siempre y cuando no medie ánimo de lucro. Auxiliar a los condenados y encausados por el Procés amenaza con un goteo de beneficiados por corrupción. El Gobierno hace hincapié en que los cambios de ninguna manera serán un coladero de revisiones de escándalos. Hay enormes recelos en el PSOE de que cunda el mensaje de que reducen penas a corruptos.

Las enmiendas son registradas este viernes. La pretensión es resolver las convocatorias de ponencia y comisión de justicia entre los próximos lunes y martes para, esa misma semana, poner fecha a aprobar la propuesta definitiva de reforma del Código Penal ante el pleno del Congreso.