Según ha confirmado el Tribunal Supremo, el juicio por la declaración unilateral de independencia de Cataluña comenzará el 12 de febrero. En el horizonte, casi tres meses de vistas que se celebrarán los martes y jueves de 10:00 a 18:00 horas. Será después de las elecciones de mayo cuando previsiblemente se dicte sentencia.

Un tribunal formado por seis hombres y una mujer, y presidido por Manuel Marchena -magistrado de perfil conservador que renunció a presidir el CGPJ tras la polémica por el acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces-, será el que dirima la responsabilidad de los dirigentes independentistas acusados. De todos los magistrados, dos pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura -calificada de conservadora-, dos más a Jueces y Juezas para la Democracia -considerada progresista-, uno a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y los otros dos no están asociados.

La discusión principal a lo largo de las sesiones consistirá en determinar si hubo o no violencia al tiempo de proclamar la pretendida república. Esta es el núcleo esencial del delito de rebelión del que la Fiscalía acusa a la mayoría de los dirigentes independentistas. Se diferencia del delito de sedición en que este consiste en alzarse pública y tumultuariamente para impedir la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad o funcionario el ejercicio de sus funciones.

Mientras que para el Ministerio Público el procés fue la "crónica de una rebelión anunciada" porque la mayoría de acusados sabía que se podía desatar la violencia y aún así no hizo nada para impedirla -pone como ejemplo, entre otros, el asedio a la Guardia Civil en la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalidad-, las defensas sostienen lo contrario. Defienden el clásico concepto de rebelión como una insurrección armada -al estilo del 23-F-, algo que, según los querellados, no se produjo. En su escrito de acusación, la Abogacía del Estado -que depende del Ministerio de Justicia dirigido por Dolores Delgado- se desmarcó de la Fiscalía y donde antes apreciaba violencia, ahora acusa por "una actitud hostil". El único partido político personado como acusación es Vox, para quien el juicio será un escaparate mediático debido a la retransmisión televisada del proceso.

Entre los acusados se encuentran nueve exconsejeros, una expresidenta del Parlamento autonómico y dos dirigentes de movimientos sociales. El principal ausente será Carles Puigdemont, que lideró el proceso hacia la independencia, pero que se fugó de la acción de la justicia. En su misma condición de rebelde está Antoni Comín, exconsejero de Sanidad; Meritxel Serret, exconsejera de Agricultura; Lluis Puig, exconsejero de Cultura; Clara Ponsatí, exconsejera de Enseñanza; Marta Rovira, exdiputada y secretaria general de ERC; y Anna Gabriel, exdiputada de la CUP. Los que sí se sentarán en el banquillo son: