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Las claves del decreto para gestionar los fondos europeos que Sánchez ha salvado tras la sorpresa de Vox

La formación de Santiago Abascal ha decidido abstenerse "para que las ayudas lleguen lo antes posible a las personas más afectadas por la pandemia"

Iván Espinosa de los Monteros
Javi García
@garciaperezcom

Redactor COPE

Madrid

Tiempo de lectura: 5'Actualizado 06:57

El Real Decreto ley sobre el reparto de los fondos europeos se ha aprobado este jueves sobre la bocina en el Congreso de los Diputados, tras la sorpresa dada por Vox, que ha decidido abstenerse para agilizar la disposición de estas ayudas. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha querido dar las gracias a todas las fuerzas que han permitido que este real decreto saliese adelante, señalando que es clave para el futuro de nuestro país tras los efectos de la pandemia.

El debate ha comenzado con la intervención de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, para defender las medidas contempladas en la norma. El principal objetivo es establecer las disposiciones precisas para programar, presupuestar, gestionar y ejecutar los fondos europeos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación para reparar los daños provocados por la crisis sanitaria. Este marco financiero "implicará para España unos 140.000 millones de euros", para el periodo 2021-26.

Agilizar la entrega de ayudas, entre los principales objetivos

En este sentido, el Real Decreto Ley establece medidas para implementar pautas que reduzcan las "barreras normativas y administrativas" con el fin de modernizar las administraciones públicas de cara a las exigencias del momento. Es decir, "permitir una gestión más ágil y eficiente para facilitar la absorción" de los fondos europeos.

En clave productiva, los proyectos del Plan "permitirán la realización de reformas estructurales que deriven en un cambio del modelo productivo que permita la recuperación económica tras el paso de la pandemia y también sea competitivo con las exigencias y retos del futuro".

La norma contempla también una nueva figura de colaboración público-privada: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), siendo esta una clave del impulso de variantes como el empleo, la producción y la competitividad de las empresas de nuestro país.

Para conseguir que estas medidas lleguen a buen puerto, el Ejecutivo se compromete a crear un órgano de mando que garantice "la transparencia, la coherencia de las actuaciones y también su continuidad en el tiempo". Para ello se creará una Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, presidida por el presidente del Gobierno y en la que participarán todos los ministerios y cuatro Secretarias de Estado (Economía, Hacienda, Presupuestos y Derechos sociales).

Este aspecto ha sido criticado de forma generalizada por buena parte de los grupos, que han acusado al Gobierno de diseñar una gobernanza centralista en la que no hay margen para las administraciones territoriales.

También se contempla la creación de la Conferencia Sectorial del Plan con las comunidades y ciudades autónomas, bajo el mandato del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de asegurar la cooperación y la coordinación del plan.

Ciudadanos y PP en contra

Este real decreto no ha contado con el apoyo de Ciudadanos y del Partido Popular, que han decidido votar en contra. En palabras de los populares, este proyecto "carece de discrecionalidad, falta de transparencia y concentración de las decisiones", así se ha pronunciado la diputada del PP Elvira Rodríguez.

Ciudadanos, a través de su diputada María Muñoz, ha asegurado no poder votar a favor del decreto, pero ha tendido "la mano responsable de Ciudadanos" y reivindicar "ser ejemplo de moderación y entendimiento" para negociar cambios en el decreto tras su convalidación, palabras que podían anticipar una abstención de los 'naranjas'. Sin embargo, tras el debate varios diputados de Cs han informado de su voto en contra.

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ERC da la espalda a Sánchez

El partido catalán también ha votado en contra de este real decreto, ya que consideran que no es igual para todos. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha censurado un decreto que "está escrito para Florentino Pérez" y no para los millones de pymes, autónomos y trabajadores del país, argumento similar al esgrimido por la CUP y el BNG que han considerado que los fondos de reconstrucción solo irán a parar a las grandes empresas.

En el caso del PNV, su portavoz económica, Idoia Sagastizabal, ha afeado al Gobierno que actúe "como si tuviera mayoría absoluta", ha reivindicado sacarles "las castañas del fuego", pero les ha pedido que "cambien de chip" y negocien los decretos. "La paciencia del Grupo Vasco tiene un límite", han advertido fuentes del PNV.

La sorpresa de Vox salva el real decreto de Sánchez

En las filas del Gobierno existía preocupación ante la posibilidad de que este real decreto no saliese adelante, pero el partido de Santiago Abascal se ha abstenido, permitiendo que se consigan los apoyos necesarios para que su tramitación salga adelante. Esta decisión ha provocado cierta sorpresa entre los partidos del hemiciclo, sobre todo entre PP y Ciudadanos. La formación naranja ha reprochado que Vox haya decidido abstenerse ante esta medida y en cambio votar en contra en la prórroga del estado de alarma.

Sobre el Congreso de los Diputados, tras conocer la decisión de la formación de Santiago Abascal, la sospecha de que Vox habría podido negociar con el Gobierno ha ido en aumento, aunque su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros lo ha negado de forma rotunda.

A juicio de Espinosa de los Monteros, la decisión de su partido se produce por una causa de urgencia, ya que consideran que es necesario que este dinero llegue a los ciudadanos lo antes posible.

Han recalcado que aunque hubiera salido adelante este real decreto sin su apoyo se hubieran abstenido igual, porque el principal objetivo es que los 140.000 millones de euros lleguen cuanto antes a los comerciantes, hoteleros y autónomos afectados por la pandemia. "Hay que indemnizarles cuanto antes", ha señalado porque tanto el Gobierno como las comunidades autónomas les han impedido trabajar.

En esta dirección, Vox ha puesto precio a su abstención, ya que ha anunciado enmiendas para que garantizar que haya auditorias y mecanismo de control para que no se produzcan irregularidades.

La presión beneficia a EH-Bildu

La presión en el Gobierno, antes de conocer la abstención de Vox, porque este real decreto saliese adelante ha beneficiado a la formación de Arnaldo Otegi, que en las negociaciones con el Gobierno ha conseguido ciertas cesiones del Ejecutivo. Los cinco diputados de EH Bildu en el Congreso han facilitado la tramitación del Real Decreto sobre la gestión de los Fondos Europeos, "a cambio" de que el Gobierno aumente la financiación de los ayuntamientos y garantice que todo el proceso sea "transparente, accesible, auditable y participativo", según ha informado la formación abertzale.

El portavoz adjunto de EH Bildu en la Cámara baja ha asegurado que han logrado "el compromiso de las fuerzas que sostienen el Gobierno para que se modifique el Real Decreto en la fase de enmiendas en dos elementos fundamentales.

El primero de ellos, según ha indicado, supone que haya garantías "de transparencia y control para el seguimiento y ejecución de los proyectos con el objetivo de que sea auditable y se ajusten a los ejes del programa, como plantea la sociedad civil".

El segundo se traduce en el aumento de la financiación y dotación para los ayuntamientos, con el objetivo de que los consistorios "tengan mayores capacidades y recursos para poder construir economía real y tejido social". Matute ha puesto en valor la necesidad de modificar el Real Decreto, al considerar que, durante este proceso, "ha faltado transparencia y cogobernanza, y ha sobrado opacidad".

Más País-Equo también ha dado su apoyo al Gobierno a cambio de una exigencia. Concretamente, el acuerdo pasa por incluir en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia un proyecto piloto de ámbito nacional dotado de 50 millones de euros para ayudar a aquellas empresas que quieran, en el marco del diálogo social, aumentar su productividad, disminuir su impacto ambiental y mejorar la salud de sus empleados reduciendo la jornada laboral de sus trabajadores y trabajadoras.

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