El juez del 'caso Koldo' imputa a la expresidenta de Adif Pardo de Vera por la contratación de una expareja de Ábalos
El juez Ismael Moreno le atribuye dos delitos: malversación de caudales públicos y tráfico de influencia

Pardo de Vera declarará el jueves 29 de mayo en la Audiencia Nacional
Madrid - Publicado el - Actualizado
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El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo' ha citado como investigada a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera el próximo 29 de mayo para que dé explicaciones sobre la contratación de Jésica Rodríguez, ex pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec.
En un auto, el magistrado Ismael Moreno sostiene que, de lo informado por el Tribunal Supremo, resulta que Pardo de Vera "habría tenido una decisiva participación en la contratación aparentemente irregular de Rodríguez por la empresa Ineco", a instancia de Ábalos y de su exasesor en el Ministerio, Koldo García.
El juez de la Audiencia Nacional menciona los dos contratos de trabajo de Rodríguez con Ineco y Tragsatec y explica que se trató de una actividad profesional de naturaleza administrativa en la que la trabajadora quedó adscrita a la presidencia de Adif, cargo que ostentaba entonces Pardo de Vera.
eL 29 DE MAYO, A LAS 10.00 HORAS
Como detalla la jefa de Tribunales de la Cadena COPE, Patricia Rosety, Pardo de Vera declarará en la Audiencia el 29 de mayo a las 10.00 de la mañana.
Isabel Pardo de Vera está citada como investigada por delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. El juez Ismael Moreno ha tomado la decisión a instancias del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente y con el informe favorable de anticorrupción.
Recuerda el juez que Jessica Rodríguez, en el Supremo, manifestó que nunca trabajó en esas empresas, ni siquiera acudió al puesto de trabajo, pero cobró puntualmente y cobró durante dos años y medio. Y de ello se desprenden indicios del papel relevante de Isabel Pardo de Vera en la contratación de Jessica, contratación aparentemente irregular por las dos empresas públicas públicas. Y estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de malversación por el posible perjuicio para el patrimonio público y tráfico de influencias.