José Luis Ábalos medita la renuncia a su escaño en el Congreso: quiere que el caso pase del Supremo a la Audiencia Nacional para ganar tiempo

El exministro José Luis Ábalos lleva un tiempo meditando la renuncia a su escaño en el Congreso de los Diputados. Según ha podido saber COPE, la decisión, recomendada por su abogado, no estaría motivada por la reciente citación del Tribunal Supremo. La estrategia buscaría un objetivo claro: que la causa pase del Supremo a la Audiencia Nacional en una maniobra dilatoria para ganar tiempo y buscar posibles defectos de forma que pudieran llevar al archivo del caso.

Sin embargo, esta evasiva presenta contradicciones y riesgos, según apuntan fuentes jurídicas. Ábalos no podría prever si el juez de la Audiencia Nacional, una vez asumida la competencia, decidiera tomar medidas cautelares en su contra, como la prisión provisional. La maniobra, por tanto, no garantiza un escenario judicial más favorable para el exministro.

Nueva citación en el Supremo

La noticia sobre su posible renuncia coincide con un nuevo movimiento judicial. El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado a declarar de nuevo como investigados a José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García para los próximos 15 y 16 de octubre. La decisión se ha tomado a la vista de un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del exdirigente socialista.

Según el juez, dicho documento “viene a profundizar los indicios de criminalidad que ya constaban” en la causa. El auto judicial sostiene que Ábalos y su antiguo asistente “pudieran haber mantenido entre sí métodos no transparentes de comunicación” de sus patrimonios, “recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión” del amaño de contratos públicos.

El informe de la UCO

El informe que la UCO entregó el pasado viernes ha reavivado la presión política sobre el PSOE. El documento constata que Ábalos gastó más de 95.000 euros cuyo rastro bancario no ha sido localizado por los investigadores, lo que les hace dudar del origen de ese dinero. Además, la Guardia Civil alude a “una falta de concordancia” entre la documentación remitida por el PSOE sobre las liquidaciones hechas a Ábalos.

En este contexto, el exministro ha declarado en TVE que el informe “no es de la gravedad” que “algunos esperaban”. Sobre los mensajes desvelados, ha afirmado que están “sacados de contexto”, lo que puede llevar a “conclusiones equívocas”. “Sería muy bueno tener todas las cadenas de whatsapps enteras y también con otras personas y así podríamos entender si esta inferencia o esta deducción es correcta o no”, ha apostillado.

Respecto a los gastos sin justificar, ha indicado: “Lo que se esperaba era un enriquecimiento de bienes, de cuentas corrientes y de gastos en 10 años que pudiera vincularse a esas mordidas millonarias de las que se hablaba, y el resultado es 95.000 euros en este tiempo que yo trataré de explicar”.

La argumentación del juez

El magistrado Puente considera que del informe resultan “consistentes indicios” de que entre los patrimonios del exministro y su asesor “podrían existir significativas zonas de intersección”. El auto detalla que Koldo García “vendría haciéndose cargo regularmente de pagos que corresponderían al primero”, como la pensión alimenticia de un hijo, nóminas de su empleada doméstica o cuotas hipotecarias, por un “importe verdaderamente significativo”.

El juez destaca que la UCO no ha hallado prueba de que Ábalos devolviera ese dinero, lo que apunta a que los pagos se realizaron “en provecho y beneficio” del entonces ministro sin contrapartida, o bien que las devoluciones se hicieron “en dinero metálico o de otro desconocido modo”. Este descuadre, según Puente, hace sospechar que Ábalos pudo tener “alguna fuente irregular de ingresos”.

Por otro lado, la investigación avanza en la Audiencia Nacional, donde el juez Ismael Moreno ha accedido a investigar las cuentas de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Javier Herrero, ex director general de Carreteras. El objetivo es rastrear si pudieron recibir pagos a cambio de “facilitar” el amaño de obras públicas durante la etapa de Ábalos en el Ministerio de Transportes.