Jornada trascendental, enmiendas, reforma del Código Penal, recusación, mandato caducado, decisión inédita, ataque a la democracia, delito de sedición, la rebaja de la malversación... En los últimos días hemos escuchado todos estos términos, que no solo se nos escapan por su tecnicismo, también por la dificultad de entender su contexto actual y la repercusión real que puedan tener en buena marcha de la democracia. Te contamos algunas de las claves para entender el lío.

LAS ENMIENDAS DE LA DISCORDIA

Todo comenzaba con dos enmiendas presentadas por el PSOE por las que se buscaba modificar el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En otras palabras, se buscaban forzar el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional y conseguir una mayoría progresista que fuera afín. Actualmente este Tribunal cuenta con 6 magistrados conservadores, es decir mayoría, frente a los 5 que se enmarcan en el denominado bloque progresista.

Estas dos enmiendas las 'coló' el Gobierno aprovechando la reforma del Código Penal que buscabaderogar el delito de sedición y modificar el de la malversación.

¿POR QUÉ EL GOBIERNO UTILIZA EL 'ATAJO' DE LA ENMIENDA?

De esta forma ventila el asunto en solo dos semanas de votaciones del Congreso y Senado y además porque al tramitarlo como enmiendas, el Gobierno sortea los informes necesarios del Consejo de Estado y del Poder Judicial, el órgano que precisamente quiere modificar. Es más, como se trata de enmiendas el debate prácticamente queda diluido.

RECURSO DE AMPARO DEL PP

Ante esta situación, los populares pedían en un recurso 'in extremis' medidas cautelarísimas en contra el uso de la vía enmienda por parte de Sánchez para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Constitucional.

El TC tuvo por tanto que estudiar de urgencia este recurso el pasado jueves, previo a la votación de la reforma del Código Penal en el Congreso de los Diputados que tenía lugar esa misma tarde.

Pese a que este recurso contra lo que los populares consideraban un “atropello legal” hizo peligrar hasta el último momento su aprobación en la Cámara Baja, finalmente el TC aplazó su decisión al lunes, ya que los cinco magistrados progresistas pidieron retrasar la decisión alegando que necesitan más tiempo para realizar un "estudio completo".

APROBACIÓN EN EL CONGRESO

Este retraso permitió que esa misma tarde se aprobara en una bronca sesión en el Congreso la reforma del Código Penal con toda su mochila -supresión del delito de sedición, reforma el de malversación- así como la polémica reforma -vía enmienda- de la ley del Poder Judicial y de la del Tribunal Constitucional.

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La medida salía adelante por 184 votos a favor, 64 noes y una abstención. Una votación en la que no participaron ni el PP ni Ciudadanos y en la que los diputados de Vox abandonaron el hemiciclo al inicio de la sesión, aunque sí emitieron su voto.

LA PELOTA, EN EL CONSTITUCIONAL

La reforma se aprobada por tanto en el Congreso pero quedaba a expensas de la decisión del Tribunal Constitucional pospuesta al lunes y que podía frenar su aprobación definitiva en el Senado prevista para este jueves coincidiendo con el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, lo que previsiblemente daría a un cambio de tanto calado, un perfil bajo.

Así las cosas, el Alto Tribunal finalmente acordaba por 6 votos de la mayoría conservadora del TC, frente a los 5 del bloque progresista, suspender de forma urgente la tramitación en el Senado, admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP.

En 'Herrera en COPE', la secretaria general del PP, Cuca Gamarra aseguraba que con esta decisión el Tribunal desbarataba los planes de Sánchez:

¿QUÉ HA DICHO EL SENADO?

Apenas unas horas después del vuelco del TC a la reforma legislativa exprés de Sánchez, el Senado se reunía y decidía seguir adelante con una parte la reforma del Código Penal, la que incluye la supresión del delito de sedición y el abaratamiento del de malversación, pero ya sin los cambios en la forma de elección de los jueces del Poder Judicial y del Constitucional.

¿POR QUÉ SE HABLA DE DECISIÓN INÉDITA?

Lo es porque se trata de la primera vez, en sus más de 40 años de historia, que el Constitucional ordena suspender de forma urgente un debate parlamentario en las Cortes Generales. Pero que sea la primera vez no quiere decir que se extralimite en sus funciones, de hecho es su cometido, es el 'árbitro', el único que puede "corregir los abusos de la mayoría parlamentaria", tal y como dejaba claro enLa Mañana Fin de Semana e COPE el exvicepresidente del Alto Tribunal, Ramón Rodríguez Arribas.

"Solo el Constitucional puede examinar si una ley es conforme o no a la Constitución y puede en el caso de que entienda que no es así, expulsar esa norma del ordenamiento jurídico", reconocía.

EL ESCOLLO DE LA RECUSACIÓN

El TC también tenía que decidir sobre la recusación lanzada inicialmente por Unidas Podemos -y más tarde por el PSOE- contra los conservadores Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, presidente del Constitucional y magistrado respectivamente, cuyos mandatos estaban caducados desde junio, al considerar que tenían interés directo en paralizar esta reforma porque precisamente gracias a ella serían reemplazados por los candidatos nominados por el Gobierno, --el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez.

Finalmente los magistrados resolvían que no era el momento procesal oportuno para abordar las recusaciones formuladas por los 'morados' y los socialistas y ninguno de los dos magistrados recusados era apartado del pleno del Tribunal Constitucional con lo que pudieron votar y hacerlo en contra de su propia recusación.

Un hecho que desde las filas socialistas calificaban de "abuso lacerante de las instituciones democráticas".

MAGISTRADOS 'CADUCADOS' PERO LEGITIMADOS

En COPE, el que fuera vicepresidente del Alto Tribunal, Ramón Rodríguez Arribasdefendía que los magistrados actuales analizaran la enmienda presentada por el PP para tratar de evitar la reforma judicial impulsada por el Gobierno y salía al paso de las críticas que censuraban un mandato caducado. Aseguraba que el TC estaba plenamente "legitimado" para resolver un recurso de amparo del PP, además de en "plenitud de facultades". "No se puede hablar de que esté con ningún mandato caducado, lo que está es vencido el plazo que es otra cosa distinta", zanjaba.

El TC aguarda desde el pasado 12 de junio a que se renueven los cuatro magistrados que forman el tercio que la Constitución encarga reemplazar a Gobierno y CGPJ: González-Trevijano y Narváez, nombrados en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy; y Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares, designados entonces por el órgano de gobierno de los jueces.

Las dudas jurídicas sobre la posibilidad de que los dos candidatos de Moncloa pudieran tomar posesión sin esperar a los dos del CGPJ llevaron a impulsar y aprobar el pasado julio en el Parlamento una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para devolver al Consejo su poder para nombrar a sus dos aspirantes a la corte de garantías.

Sin embargo, las negociaciones en el seno del CGPJ encallaron el pasado 2 de diciembre por el veto tácito del bloque conservador al candidato de sus homólogos progresistas, el magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés, y la negativa de estos últimos a volver a engordar su listado de aspirantes (que llegó a contar con nueve).

En este contexto, morados y socialistas introdujeron en la proposición de ley que elimina el delito de sedición las dos enmiendas que despejan el camino para que Campo y Díez tomen posesión como magistrados del TC sin tener que esperar a los dos nominados por el órgano de gobierno de los jueces.

Por su parte, el CGPJ tiene previsto celebrar este martes a las 17.00 un Pleno extraordinario donde, por ahora, los únicos candidatos que figuran en el orden del día son los magistrados del TS Pablo Lucas y César Tolosa.

CÓMO TE AFECTA: EL ESTADO DE DERECHO

El profesor de Derecho Procesal, Jesús Zarzalejos, dejaba claro en La Linterna de COPE que la votación del TC era crucial para el ciudadano “porque somos ciudadanos de un Estado de Derecho, no era un debate de técnicos juristas, era un debate sobre el modelo de Estado de Derecho sobre el que se asienta el control de la constitucionalidad de las leyes, el control de la legalidad del funcionamiento de los poderes públicos o la separación de poderes”.