El Gobierno busca trasladar unos 3.000 menores extranjeros a lo largo de un año para reducir la saturación en Canarias, Melilla y Ceuta

El Gobierno quiere trasladar a unos 3.000 menores extranjeros a lo largo de un año para reducir la saturación en Canarias, Melilla y Ceuta. Es el contenido del decreto ley que ha aprobado hoy el consejo de ministros y que determina además que quienes lleguen a partir de septiembre a cualquier zona saturada serán derivados a otra región en un máximo de 15 días. 

Medidas que las comunidades autónomas del Partido Popular y Castilla-La Mancha, del PSOE, anuncian que recurrirán ante el Tribunal Constitucional y Baleares apela además al Supremo, tras la llegada masiva de migrantes a sus costas en los últimos meses. 

Algunas comunidades autónomas, como Madrid o La Rioja, ya han expresado sus quejas por un sistema que a su juicio va a desbordar sus capacidades.

El problema está, dice la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, en que cuando lleguen a la península seguirán estando hacinados.

El decreto  fija la capacidad ordinaria de acogida de las autonomías y supone el último paso para poner en marcha la derivación de menores migrantes no acompañados, a la que se oponen la mayoría de comunidades, obligadas por ley a atenderlos.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado la aprobación de este decreto en rueda de prensa y ha destacado que es un "paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante".

"Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y, si me permiten, también humanitaria", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

32 menores por cada 100.000 habitantes

El decreto aprobado este martes fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, es decir, el número de plazas que debería tener para cumplir el ratio fijado, de 32 menores por cada 100.000 habitantes.

Las comunidades que tengan una ocupación que triplique su capacidad ordinaria de acogida, como Canarias o Ceuta, deben pedir la situación de contingencia migratoria, que declarará el Gobierno, para que los menores en su territorio sean trasladados a otras comunidades.

destinos menos saturados

El destino serán comunidades con menos saturación en sus recursos. Con el criterio fijado por el Gobierno, que el PP rechaza, la mayoría de autonomías acogen a menos menores migrantes de lo que les correspondería por población.

Las mayores diferencias se dan en Andalucía, que con los datos conocidos hasta ahora acoge a 1.372 menos de lo que le corresponde, Comunidad Valenciana, con 1.216 y Galicia, con 620.

Con la entrada en vigor de este decreto, arrancará el mecanismo de solidaridad obligatoria que exigió Canarias y por el que se derivará a unos 3.000 jóvenes procedentes de las zonas más tensionadas, como este archipiélago o Ceuta, a otras regiones, para lo que ya se reformó la ley de extranjería, con el PP en contra.

Este procedimiento implica además que los menores extranjeros no acompañados que lleguen a partir de septiembre a zonas con los recursos tensionados deben ser derivados a otras autonomías en un plazo de 15 días.

La capacidad ordinaria, junto al dato de cuántos menores acoge ya cada autonomía, es clave para fijar el cómputo de los traslados, que se calculará teniendo en cuenta también parámetros como la renta, la tasa de paro, el esfuerzo previo, la dispersión o la situación de ciudad fronteriza o insularidad.

Este sistema lo han recurrido ante el Tribunal Constitucional diez autonomías gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha (PSOE). Además, la Comunidad de Madrid ha acudido al Tribunal Supremo y lo mismo ha anunciado Baleares, que pide suspender cautelarmente el reparto.

Con el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni País Vasco ni Cataluña tendrían que acoger a ningún joven, aunque Cataluña anunció su intención de atender como mínimo a 31, el mismo número que en anteriores campañas de acogida.