El Gobierno ha comenzado a tramitar los expedientes de indulto de los doce condenados por el "procés" al solicitar este lunes al Tribunal Supremo que elabore un informe sobre esa petición para conceder o no la medida de gracia.

Fuentes conocedoras del proceso y consultadas por Efe señalan que el Ministerio de Justicia ha remitido la petición al alto tribunal, en lo que supone el primer paso en la tramitación de los indultos.

Ahora, el Supremo deberá pedir a su vez a la Fiscalía que se pronuncie antes de emitir su informe definitivo que deberá incluir, entre otras cosas, el tiempo que llevan cumplido de condena y su actitud o arrepentimiento por los hechos cometidos, algo que varios de los condenados no contemplan sino más bien todo lo contrario, al alardear de que volverían a actuar de la misma forma.

Y aunque el informe del Supremo como tribunal sentenciador es preceptivo pero no vinculante, rara vez el Gobierno sigue un criterio distinto al que emiten los tribunales.

Todo esto se produce después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, revelara en el pleno del Congreso de la semana pasada que iba a comenzar ya con la tramitación de los indultos, un proceso que previsiblemente se prolongará entre ocho y diez meses.

Justicia explicó entonces que se iba a iniciar el trámite con los doce condenados por el "procés" porque la primera petición de indulto registrada,el pasado enero y con la firma del abogado catalán Francesc Jufresa, se refería a todos ellos, si bien cada expediente se tramitará de forma individualizada, tras recabar los informes, no vinculantes, del Supremo, la Fiscalía y las prisiones.

La ley que regula los indultos data de 1870 y deja en manos del Gobierno otorgar de forma discrecional esta medida de gracia de forma total o parcial.

La mayoría de las peticiones no superan el proceso: el año pasado se tramitaron 4.022 indultos y se concedieron 39, el 0,97 %; y en el ejercicio anterior se otorgaron solo 17 de los 4.382 tramitados.