El Consejo de Ministros ha acordado este martes ordenar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que adquiera hasta un 10 % del capital social de Telefónica, según ha notificado la empresa pública a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La SEPI ha informado de que procederá "a llevar a cabo los trámites y actuaciones que permitan poner en marcha el proceso para, minimizando su impacto en la cotización, completar la adquisición del volumen de acciones necesario".

De confirmarse la operación, la Sepi se convertiría en el primer accionista de la operadora con su participación del 10 % que equivaldría a 2.050 millones de euros, dado que la capitalización de Telefónica asciende en la actualidad a unos 20.500 millones.

Según la empresa pública, su participación, que tiene "vocación de permanencia", permitirá a Telefónica "una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas".

Reacciones de la clase política

Tras conocerse la noticia, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, señaló que la decisión del Ejecutivo va en la línea de otros países europeos, como Francia y Alemania,"que tienen o incluso están incrementando su participación pública en los grandes operadores estratégicos de telecomunicaciones".

Según Calviño, Telefónica es "la empresa más estratégica" de España, no solo por su presencia en las infraestructuras de telecomunicaciones y en el ámbito de la innovación tecnológica, sino también "por su peso en el ámbito de la seguridad y la defensa".

"Es una decisión que tiene por objeto dar estabilidad para que la empresa pueda lograr sus objetivos estratégicos", ha sentenciado.

En la misma línea, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado que es importante que el Estado "esté presente en las empresas estratégicas del país" y que "nunca se debió abandonar ese camino", en referencia a las privatizaciones de varias empresas públicas en la década de 1990.

Por su parte, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha señalado que esta decisión no responde "a presiones" y simplemente se trata de un movimiento para "anclar los intereses de la compañía a nuestro país".

En el lado contrario, el vicesecretario de Economía del Partido Popular (PP), Juan Bravo, ha criticado la acción del Gobierno al considerarla "populista e intervencionista", a la vez que afea que no se haya llamado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, para informarle de la operación.