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El Gobierno se defiende de la expulsión de inmigrantes: "Hemos cumplido con la legalidad"

El Ejecutivo asegura que no ha variado un "ápice" su política migratoria 

El gobierno califica de inaceptable el salto agresivo a la valla de Ceuta

 

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 27 ago 2018

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado este viernes que el Gobierno no ha variado un "ápice" su política migratoria pero que el salto a la valla de Ceuta el pasado miércoles por parte de 116 inmigrantes es "inaceptable" por las condiciones de "violencia y riesgo" para las fuerzas de seguridad.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, ha insistido en que el Ejecutivo ha cumplido en todo momento con la legalidad internacional y nacional al devolver a Marruecos a este grupo, que se hizo en virtud de un convenio bilateral de 1992 que ya se ha "utilizado en otras ocasiones". "No es forma de tratar a nuestro país, de forma violenta", ha zanjado la vicepresidenta, quien ha asegurado que las más de 100 personas que entraron de manera irregular y "agresiva" en la frontera de Ceuta han sido atendidas "jurídicamente una a una, con todas las garantías propias de un Estado de Derecho".

Calvo ha garantizado que entre los expulsados no hay menores de edad y ha añadido a continuación que tampoco consta al Gobierno que "ninguno de ellos haya pedido asilo". En su opinión, lo ocurrido el pasado miércoles, que ha tachado de "inaceptable", es "una situación completamente distinta" de la que acaece en las acciones de salvamento de personas en el mar porque además los inmigrantes hicieron uso de "herramientas e incluso sustancias" con las que causaron lesiones a siete agentes de la Guardia Civil. "No lo vamos a consentir" porque "no es aceptable el riesgo que corren nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad", ha advertido la vicepresidenta, quien ha querido trasladarles su agradecimiento y respeto a su profesionalidad en nombre del Gobierno, que "no va a mirar para otro lado" en este asunto.

Así, ha reiterado que la devolución a Marruecos, país con el que España mantiene "unas relaciones cotidianas particularmente buenas", ha cumplido con la legalidad y que la activación del acuerdo bilateral no supone en ningún caso que el Gobierno haya variado "un solo ápice" su política migratoria. Política que siempre responderá, ha dicho, a dos variables: la de respetar los derechos humanos y la de garantizar la seguridad en las fronteras.

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