El nerviosismo es grande en el Gobierno y está decidido a intentar impedir que los restos de Francisco Franco terminen en la cripta de la familia en la catedral de la Almudena. Su última maniobra ha pasado por apelar a la Ley de Memoria Histórica como bala en la recamara.

Tras reunirse con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, la vicepresidenta, Carmen Calvo, advirtió reiteradamente que “vamos a aplicar nuestra Legislación y esto significa que no pueden estar los restos en ningún lugar público” donde puedan ser “enaltecidos” y “homenajeados”. Según Calvo, el Estado “tiene todos los instrumentos legales” a su alcance para evitar que el dictador sea trasladado al centro de Madrid, a pocos metros del Palacio Real, y donde ya yacen la hija del propio dictador, Carmen Franco, junto a su marido, Cristóbal Martínez-Bordiu, marqués de Villaverde.

La Ley de Memoria Histórica exige a las Administraciones, en el ejercicio de sus competencias, retirar cualquier símbolo de “exaltación”, “personal” o “colectiva” “de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”, pero, de igual manera, “lo previsto” “no es de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados”. Está por ver si Calvo ha podido forzar la interpretación de la normativa, aún cuando en Vicepresidencia aseveran tener amarrados todos los extremos.

El caso es que el Gobierno siempre creyó que los nietos de Franco optarían por enterrar los restos junto a su mujer, Carmen Polo, que descansa en el panteón familiar del cementerio de Mingorrubio en El Pardo, donde el Ejecutivo incluso estuvo estudiando la posibilidad de reforzar la seguridad. Por enrevesado que parezca, Pedro Sánchez actuó por un impulso político,pero la realidad del proceso ha acabado reduciendo a la nada su precipitación por sacar a Francisco Franco fuera del Valle de los Caídos y ha debido cambiar el paso.

No hace falta ser un genio para darse cuenta de que la operación de exhumación acabaría en un fracaso, y el consiguiente coste para el propio Sánchez, si el cuerpo de Franco acaba en el centro de la capital de España. Ante esa perspectiva, tan poco alentadora, el Gobierno llevaba semanas haciendo pedagogía, sosteniendo que lo esencial es que el dictador deje ester en un mausoleo de Estado. Hasta ahora. La disposición del Ejecutivo a poner toda la carne en el asador para evitar un grave revés está servida.