Se agotan los términos bélicos para describir la situación que atraviesa el Partido Popular después de los episodios vividos este pasado jueves, y es muy difícil no caer en ellos. Una fecha que quedará marcada en rojo y que será de infausto recuerdo para los populares. A partir de aquí, nadie sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir. Son muchas las preguntas que uno puede llegar a formularse sobre este asunto fratricida, y escasas las respuestas en este punto.

¿Qué se dice desde Génova? No han sido pocas las filtraciones a un lado y a otro de las partes enfrentadas para tratar de domar el relato en una batalla descarnada, a campo abierto, entre la dirección nacional del partido e Isabel Díaz Ayuso.

El cierre de filas en la cúpula popular no se ha hecho esperar, con una fuente interminable de tuits de diversos miembros y diputados afines a la causa alabando y agradeciendo a Pablo Casado todo lo que había hecho por ellos y por el partido. Y respaldo al discurso del secretario general, Teodoro García Egea

Sostiene Génova, de lo último que hemos podido conocer, que los barones conocían las sospechas en el PP sobre la concesión de contratos al entorno del hermano de Ayuso. Unas posibles irregularidades que llevaron a la dirección nacional a pedir información a la dirigente madrileña.

Se reunieron, le pidieron dicha información, y Díaz Ayuso, dicen, nunca la envió. Fuentes de Génova sostienen que la presidenta madrileña ha provocado hoy una “voladura controlada” ante las acusaciones en su contra, tras meses de ataques desde su entorno hacia la dirección nacional, precisamente por pedir que diese explicaciones a la dirección nacional del PP acerca de los contratos.

El cuartel general del PP reconoce, por tanto, haber investigado las circunstancias que rodearon la adjudicación de dicho contrato, pero desmiente rotundamente cualquier mediación de detectives tutelada por la dirección nacional. Aseguraron el miércoles por la noche, y el jueves también por boca de su secretario general, que tomarán las medidas judiciales oportunas ante lo que consideran que son falsedades.

A partir de ahora, ¿qué? El expediente informativo que el equipo pilotado por Pablo Casado ha decidido abrir a la presidenta madrileña va a ser dirigido y tramitado desde la cúpula nacional y no desde la organización autonómica, la Comunidad de Madrid. Así lo señala el reglamento del PP, que reserva al Comité Nacional de Derechos y Garantías la “exclusiva” a investigar casos de “afiliados aforados o que pertenezcan a cualquier órgano nacional del partido”.

El propio reglamento da la opción a Díaz Ayuso de abrir también un procedimiento de amparo, si considera, en ese caso, que sus derechos han sido conculcados por la cúpula de su partido. El Comité Nacional de Derechos y Garantías lo preside la concejala madrileña Andrea Levy, que ya se ha dirigido a la presidenta madrileña para comunicarle la apertura del procedimiento.