Este martes el Tribunal Supremo ha ratificado el mínimo del 25% de enseñanza en castellano dentro del sistema educativo de Cataluña, como fijó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el pasado diciembre. La consejería de educación no ha tardado en reaccionar y desde el Gobierno catalán no tienen intención de dar su brazo a torcer.

El consejero de educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha dado una rueda de prensa, acompañado de la líder de cultura, Natàlia Garriga, lamentando la decisión de la justicia y defendiendo que en Cataluña no hay un conflicto real sobre la lengua. "Es un grave ataque a los fundamentos de la escuela catalana perpetrado por un tribunal alejado y desconocedor de la realidad de los centros educativos catalanes", apuntaba Gonzàlez-Cambray en relación a la sentencia.

Además se mostraba tajante y aseguraba que los centros deben "seguir trabajando como hasta ahora", sin cambiar sus proyectos lingüísticos, porque la enseñanza "no va de porcentajes", y ha añadido, "la escuela, en Cataluña, en catalán". El consejero ha aprovechado la intervención para hablar de la independencia de Cataluña, apuntando que la decisión del Tribunal es una muestra más de la necesidad de que la región sea independiente.

También ha criticado que "sea un juez quien determine de forma arbitraria el porcentaje de horas que son necesarias para aprender una lengua", asegurando que se trata de una "anomalía" y un "menosprecio" a los profesionales de la educación. Pero lo cierto es que el TSJC cuenta con varias sentencias anteriores en las que ha anulado proyectos escolares concretos Barcelona, Reus o Castelldefles, entre otros. Los proyectos lingüísticos deben reconocer tanto el catalán como el castellano como lenguas vehiculares, garantizando al menos un 25% de las materias en cada uno de los idiomas. Una norma muy defendida por la Asamble por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB).

En cuanto al descenso del uso social de la lengua catalana entre los jóvenes, detectado hace unos meses, Cambray ha recordado que hay un plan en marcha para "reforzar el uso del catalán". Una teoría respaldada por Garriga, quién ha asegurado que el catalán es una prioridad para el Gobierno de la Generalitat.

Por su parte, el Ministerio de Educación ha indicado que no valorará la decisión hasta que no reciba la providencia y sea analizada por los servicios jurídicos del Estado, mientras que la Sociedad Civil Catalana ha aplaudido la decisión de la justicia, calificándola como "un triunfo histórico de la igualdad y de la inclusión y un varapalo al sectarismo lingüístico que ha practicado la Generalitat y sus organizaciones".

La sentencia del TSJC recoge un amplio incumplimiento del mínimo del 25% marcado

En la sentencia del TSJC de diciembre de 2020 se analiza la normativa de las lenguas vehiculares y las conclusiones recogían que la media de horas de uso del castellano en los centros de enseñanza catalanes es del 18% en Primaria, un punto por encima se sitúa la ESO y en el 26% el Bachillerato. Por tanto, la norma solo se cumple en dos años de todo el periodo educativo.

En el análisis general de los centros, de los 184 incluidos en la muestra, solo en 5 se imparte íntegramente en castellano un 25% de las materias, entre las cuales una es troncal, aparte de la propia asignatura de castellano. Por tanto, cumplen el estándar un 2% de los centros de Primaria y un 12% de los de Bachillerato.