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García Ortiz dice que defenderá a los fiscales que se vean "perturbados" en sus funciones, incluidos los del 'procés'

Europa Press

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 13:26

Reclama también lealtad institucional para garantizar el buen funcionamiento de la Fiscalía

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado este lunes que defenderá "a cualquier fiscal que pudiere verse perturbado en sus funciones", incluidos los fiscales del 'procés', en el marco de las críticas recibidas por lo que parte de la carrera fiscal percibe como tibieza ante la petición de amparo de éstos últimos frente a las acusaciones de 'lawfare'.

García Ortiz ha indicado, en el marco de la Junta de Fiscales Superiores de las comunidades autónomas que se celebra en el Pazo de Mariñán (Coruña), que actuará "como corresponde a la más alta representación de esta institución" en defensa de "cualquier fiscal que pudiere verse perturbado en sus funciones, incluido, por supuesto, a cualquiera de los fiscales que hayan tenido o hayan intervenido en las causas relacionadas en el procès independentista de Cataluña".

En este sentido, ha reiterado su apoyo "a los 2.695 fiscales que hay en España, especialmente a aquellos fiscales que han tenido en el pasado o que tienen que afrontar difíciles situaciones personales o profesionales", según ha informado al Fiscalía General del Estado (FGE).

Al mismo tiempo, ha pedido a los fiscales lealtad institucional, algo que ha calificado de "imprescindible" para contribuir al "buen funcionamiento del Ministerio Fiscal".

García Ortiz ha explicado que, a pesar de que está en pleno proceso de renovación, ha decidido seguir adelante con esta Junta de Fiscales Superiores porque se había comprometido a ello antes de que acabara el año.

"Estos son los espacios de diálogo, de consenso, de poner encima de la mesa los problemas que tenemos, que son muchísimos y muy relevantes, pero estamos aquí para trabajar, para avanzar, para servir a los ciudadanos y para hacer mejor la justicia española", ha dicho.

En concreto, ha abogado por que dicho proceso de renovación conduzca a "un planteamiento de futuro a la Fiscalía Española". "No debemos, o no debo, tener las luces cortas, hay que tenerlas largas, hay que pensar en la institución y hay que pensar en el futuro, a no enredarnos en asuntos que a lo único que nos llevan es al desconcierto personal o profesional. Y sí mirar hacia delante y proponer soluciones", ha insistido.

El jefe del Ministerio Público ya se había manifestado en este sentido en el marco de unas jornadas de fiscales de derecho civil celebradas en Córdoba, al afirmar que todos los fiscales de España pueden estar "tranquilos" porque "siempre" actuará "en defensa de la carrera".

MALESTAR ENTRE LOS FISCALES

García Ortiz se pronunció en el marco de la polémica desatada a nivel interno en la carrera fiscal por su respuesta a la petición de "amparo institucional" formulada por los fiscales del 'procés' --Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno--. Entonces, se limitó a contestarles que "siempre" defendería la "autonomía" de éstos y otros fiscales.

En respuesta, 18 de los 26 fiscales del Tribunal Supremo dirigieron su propia misiva a García Ortiz reprochándole que ignorara "deliberadamente" la petición de sus cuatro compañeros "ante los injustificados ataques a que están siendo sometidos".

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Posteriormente, 22 de los 29 fiscales de Anticorrupción expresaron su "profunda preocupación por la vigencia del Estado de Derecho", mostrando su apoyo a los fiscales del 'procés' en su petición de "amparo institucional".

Así las cosas, la mayoría del Consejo Fiscal --los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)-- solicitaron formalmente que esta petición de amparo se sometiera al órgano consultivo, que la abordará en su próximo Pleno, previsto para el 20 de diciembre.

El detonante de la polémica fue el acuerdo entre el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno, que habla de crear comisiones de investigación parlamentarias para detectar posibles casos de 'lawfare' y depurar las responsabilidades correspondientes, lo que abre la puerta a sancionar a los jueces y fiscales que encausaron el 'procés'.

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