La Fundación Villacisneros ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado 196 homenajes celebrados en 2018 a miembros de ETA por suponer "actos de humillación a las víctimas y enaltecimiento de la banda terrorista".

En un comunicado el presidente de la Fundación Villacisneros, Íñigo Gómez-Pineda, señala que "no podemos permanecer impasibles frente a la humillación permanente a las víctimas del terrorismo".

"Nuestras leyes de reconocimiento y apoyo a las víctimas establecen como obligación de los poderes públicos evitar la realización de actos públicos de homenaje a terroristas", añade.

La fundación solicita terminar con la impunidad de estos actos y pide para ello la implicación de la Delegación del Gobierno en el País Vasco así como la colaboración de Guardia Civil y Policía "para que sus promotores respondan ante la justicia".

En su escrito pide a la Fiscalía una serie de actuaciones para atajar la reiteración impune de actos de homenaje a terroristas en las calles y en otros espacios públicos del País Vasco.

Concretamente reclama a la Fiscalía que requiera a la Delegación del Gobierno en el País Vasco el cumplimiento del artículo 61 de la ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.

Recuerda que este precepto establece que el Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas encargando a los delegados del Gobierno velar por su cumplimiento para garantizar que no sean humilladas.

En su escrito la fundación pide también que se den las instrucciones pertinentes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para que aporten la información de la que dispongan sobre los hechos denunciados.

Asimismo insta a la Fiscalía a que presente las querellas o denuncias correspondientes ante la Audiencia Nacional contra los promotores de estos "actos de humillación a las víctimas del terrorismo".

En opinión de Íñigo Gómez-Pineda "es intolerable que los terroristas y quienes les apoyan se rían de la ley ante la inacción de los poderes del Estado".

"España dispone de los instrumentos precisos para evitar esta humillación y aplicarlos es la obligación de cualquier Estado de derecho que se precie", agrega.

Gómez-Pineda reitera que "impedir estos actos es obligación de los poderes públicos y si no lo hacen al menos deben evitar que los mismos no sucedan sin reproche penal alguno".