Decenas de funcionarios se han concentrado hoy en cárceles de toda España para denunciar las "miles" de agresiones que cada año sufre el colectivo ante la pasividad, aseguran, de la administración penitenciaria que sigue sin adoptar soluciones efectivas para frenar esta problemática.

Convocados por los sindicatos CCOO, CSIF, ACAIP-UGT, funcionarios de prisiones han protestado este mediodía y durante media hora a las puertas de la mayoría de los más de 80 centros penitenciarios para protestar por el "alarmante" incremento tanto de las agresiones que estos trabajadores sufren por parte de los presos, como de su gravedad.

La última de ellas tuvo lugar el pasado lunes en la cárcel madrileña de Soto del Real, donde un funcionario fue apuñalado con un pincho en la cabeza, un brazo y la espalda, que precisó grapas y puntos de sutura.

CSIF ha avanzado que defenderá a este compañero, al tiempo que estudia emprender acciones legales contra Instituciones Penitenciarias por este suceso.

Desde la Secretaría General han indicado a Efe que han ofrecido al funcionario hacer los trámites pertinentes para que la Abogacía del Estado se haga cargo de su asistencia legal.

Una agresión que no es aislado porque "todos los días hay al menos una en las cárceles", ha advertido a Efe José Manuel Couso, portavoz de CSIF, para quien el problema se está agravando por la ausencia de 3.500 funcionarios y porque, a día de hoy, este colectivo no está considerado como agente de la autoridad, por lo que agredir a un funcionario sale "gratis".

Con Couso coincide el presidente de ACAIP, José Ramón López, que ha exigido "endurecer las sanciones regimentales y disciplinarias a los agresores" y mejorar el protocolo de agresiones con medidas preventivas adecuadas.

Por su parte, el representante de CCOO José María López ha explicado a Efe que el 60 por ciento de las agresiones se producen porque no hay intervención sanitaria para presos con patologías psiquiátricas, el 30 por ciento de las mismas van ligadas a la falta de personal y solo un 10 por ciento son consecuencia de "disputas normales".

López confía que la Administración tenga "un mínimo de responsabilidad", pues "son ya más de 2.100 agresiones en los últimos 6 años sin que la Administración penitenciaria haya tomado medidas".

Desde Instituciones Penitenciarias aseguran a Efe que lamentan cada una de las agresiones que sufren los funcionarios, si bien niegan que el número se esté disparando, sino más bien, todo lo contrario, pues estos ataques han descendido en los últimos años.

Así, según los últimos datos de la administración, en 2018 se registraron 223 agresiones, de las cuales ninguna fue "muy grave", seis fueron consideradas graves, 109 presentaron algún tipo de lesión leve y 108 se saldaron sin consecuencias físicas para el funcionario.