El expresidente de la Diputación de León Marcos Martínez Barazón ha afirmado este jueves en el juicio que se sigue contra él en la Audiencia Nacional por su supuesta implicación en la trama de corrupción Púnica que "nunca" ha formado parte "de una banda criminal" y que jamás ha tocado un céntimo que no fuera de su sueldo.

Martínez Barazón ha continuado el turno de interrogatorios a los acusados pero solo ha admitido preguntas de su defensa para negar los cargos que pesan sobre él, a quien agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que han declarado en el juicio le acusan de urdir un entramado de intereses con el objetivo de lograr los apoyos necesarios para perpetuarse en el cargo a cambio de conceder contrataciones públicas de forma irregular.

Según la UCO, diversas conversaciones telefónicas intervenidas apuntaban a cómo lograr ventajas económicas en adjudicaciones, como por ejemplo en las estaciones de esquí de la provincia, que gestiona la Diputación, y también arbitrar comisiones como pago a la labor realizada por varias empresas de comunicación que se encargaban de contrarrestar informaciones negativas para la institución provincial con hashtags y tuits.

Igualmente, la investigación policial determinó que el considerado 'conseguidor' de la trama, el empresario Alejandro de Pedro, y José Antonio Alonso Conesa, exalcalde de Cartagena (Murcia), a través de la empresas EICO y Madiva, realizaban trabajos de reputación en internet para autoridades y cargos electos que generaban una deuda a su favor que más tarde se sufragaba por esos cargos por procedimientos irregulares.

El expresidente de la Diputación, que fue expulsado del PP tras su encarcelamiento y en la actualidad es alcalde de la localidad leonesa de Cuadro por una agrupación independiente, ha negado con vehemencia estas acusaciones y ha asegurado que se ha ganado la vida trabajando, además de que asegurar, entre lágrimas, que su detención y posterior encarcelamiento le ha supuesto un gran coste personal que le ha servido para saber quienes eran sus verdaderos amigos y quienes se le acercaron por interés.

Ha recordado que accedió al cargo tras el asesinato en mayo de 2014 de la entonces presidente de la Diputación de León, Isabel Carrasco, de quien ha dicho que "era una persona muy inteligente y muy trabajadora" pero tenía el problema de su carácter.

"Mucha gente le tenía miedo y sus gritos se escuchaban en el palacio entero", ha dicho en alusión al Palacio de los Guzmanes, sede la institución provincial.

A preguntas de su letrada, ha explicado el funcionamiento interno de la institución para reforzar la línea de defensa de que el pago que se hizo a las empresas de De Pedro se circunscribía al abono de trabajos para mejorar la imagen de la Diputación y no de sus presidentes como sostiene la Fiscalía.

"Nunca ha recibido un céntimo que no fuera de mi salario", ha apostillado este acusado, que ha instado a las acusaciones a que demuestren que se ha visto favorecido económicamente por esta supuesta trama.

"Las cosas se hacían igual que en la época de Isabel Carrasco y puede que se incurriera en errores formales, pero en ningún caso hubo mala intención y mucho menos se pretendía ir contra los intereses de la institución", ha asegurado.

También ha denunciado que sufrió "trabas y amenazas" desde el momento en que decidió presentarse al cargo de presidente del PP en León, ha admitido que posiblemente ese haya sido el mayor error de su vida, al no contar con el apoyo de Valladolid.

En el juicio de la pieza de León se sientan en el banquillo, además de Martínez Barazón, De Pedro, Alonso Conesa, el excoordinador del gabinete de prensa de la Diputación Pedro Vicente Sánchez, alcalde de Puebla de Lillo (León) como independiente tras su expulsión del PP, y el exinterventor de la institución provincial Manuel Jesús López.

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Para todos ellos la Fiscalía reclama penas que van de los tres a los ocho años de prisión por supuestos delitos de malversación, falsedad, fraude y tráfico de influencias, así como que indemnicen a la citada administración provincial con 171.000 euros.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que en abril de 2012 De Pedro y Alonso Conesa "captaron como cliente" a la entonces presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco y, tras su asesinato en 2014, a su sucesor, Marcos Martínez Barazón, para mejorar su imagen pública a través de las empresas EICO y Madiva.

El objetivo inicial era que EICO limpiase la reputación de Carrasco en las redes sociales y difundiese una imagen suya positiva para neutralizar noticias sobre su supuesta implicación en casos judiciales y denuncias de supuesta corrupción, todo ello a cargo del presupuesto de la Diputación, cuyos organismos de contratación ni siquiera conocían estos servicios.

Según la Fiscalía, cuando Martínez Barazón llegó a la Presidencia de la Diputación tras el crimen de Isabel Carrasco se concertó "un nuevo plan" para que las empresas de la trama le construyesen una imagen positiva ante los ciudadanos leoneses, trabajos que "fueron abonados de forma irregular". EFE

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