El excomisario José Manuel Villarejo reaparece este jueves en escena para hablar ante la comisión parlamentaria del caso Kitchen sobre la presunta operación parapolicial de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, en la que prometió hace unos meses contestar "a todos y a todo".

Pese a esa "firme voluntad", según manifestó entonces, Villarejo ha pedido comparecer bajo el protocolo de la comisión de secretos, es decir, a puerta cerrada, dado que las notas informativas que constan en la causa que se sigue contra él en la Audiencia Nacional -elaboradas siendo "agente de inteligencia"- están sometidas a la Ley de Secretos Oficiales.

Fuentes parlamentarias consultadas por Efe ven la petición "imposible" porque consideran que pide "una cosa que no existe", mientras que fuentes próximas a Villarejo apuntan a que, si no se le concede, declarará, pero no podrá comentar nada en relación a esas notas informativas que elaboraba sobre los operativos en los que formaba parte.

Superado el ecuador de las comparecencias y a punto de entrar en su fase más política, la comisión recibe este jueves uno de los testimonios más esperados, tanto por el papel que, presuntamente, Villarejo jugó en la operación, como por su anunciada voluntad de "seguir colaborando con la instrucción judicial y también en la actividad parlamentaria".

Salió de la cárcel hace dos meses tras haber pasado más de tres años en prisión preventiva; su detención en 2017 acabó desembocando en una treintena de piezas separadas y en octubre se enfrenta a su primer juicio por tres de esas líneas de investigación, con una petición fiscal que asciende, en conjunto, a los 99 años y 8 meses de cárcel.

El sumario del caso está plagado de conversaciones grabadas por él sobre la operación presuntamente urdida desde el Ministerio del Interior en 2013 para seguir a la familia de Bárcenas en busca de documentos sensibles para el PP.

En una de ellas, mantenida con un empresario y el comisario José Luis Olivera, se hablaba cómo se captó a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas y quien presuntamente actuó como confidente policial pagado con fondos reservados, "con la intermediación" del policía Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de María Dolores de Cospedal.

"Pues mira: Toda la operación para que el señor tal, todos los papeles y todas las pruebas que tenía Bárcenas finiquitado. Se empleó a la policía para destruir pruebas, en vez de para aportarlas al juez (...) cuando la función de la Policía es aportar pruebas al juez y no destruirlas", señaló entonces Villarejo sobre ese presunto operativo.