El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles cinco reales decretos elaborados por el Gobierno a colación de la crisis del coronavirus. Abordan los siguientes ámbitos.

Medidas urgentes para el campo

El Congreso de los Diputados tramitará finalmente como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia el real decreto ley aprobado el pasado 25 de febrero por el Gobierno con medidas urgentes para combatir la crisis de rentabilidad del sector primario.

Los grupos parlamentarios contarán ahora con un plazo, más abreviado del normal, para poder aportar enmiendas al texto aprobado por el Ejecutivo. Este tipo de tramitación ha contado con el voto a favor de 186 diputados, 157 en contra y seis abstenciones. Previamente, fue sometido a votación la convalidación del real decreto que ha salido adelante con 208 votos favorables, uno en contra y 141 abstenciones.

En su intervención esta tarde ante el pleno, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha indicado que el Decreto Ley tendrá un "impacto positivo", aunque la oposición lo ha considerado insuficiente para solucionar esos problemas del sector primario.

Planas ha recordado las principales medidas de la norma, como la prohibición de la venta a pérdidas o la obligatoriedad de la inclusión del coste efectivo de producción como factor para determinar los precios en los contratos, que a su juicio tendrán un efecto "necesario" para fomentar el reparto equitativo del valor añadido en la cadena alimentaria o la mejora de la negociación entre los eslabones.

La "coincidencia" en el tiempo de problemas "estructurales y coyunturales" han "conducido" a una "crisis" de precios en origen que ha provocado una respuesta "urgente" por parte del Gobierno, según el ministro.

En esa urgencia ha justificado la necesidad de aprobarlo mediante decreto ley y no esperar a la transposición de la directiva comunitaria sobre esta materia que supondrá la modificación de una treintena de artículos.

Las soluciones no podían demorarse "ni un día más" para Planas, quien ha defendido que la normativa es fruto del "diálogo" mantenido con "todos" los agentes de la cadena alimentaria y de las comunidades autónomas.

Son medidas encaminadas a "mejorar" el funcionamiento del sector, permitir la "pervivencia" de un medio rural "vivo" y "reconocer y dignificar el trabajo de nuestros agricultores y ganaderos", ha destacado.

Desde las filas socialistas, la diputada Isaura Leal ha valorado esta ley "destinada a garantizar el nivel de vida, mejorar la posición negociadora y lograr un justo reparto de los costes" que soporta el sector primario, por lo que considera que debe estar "cuanto antes" en ejecución.

La portavoz de Agricultura del grupo popular, Milagros Marcos, ha pedido su tramitación como proyecto de ley para poder enmendarlo porque en su opinión el texto del Gobierno es "atropellado, unilateral, muy publicitario" y carece del presupuesto necesario.

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Desde Vox, su diputado Ángel López cree que la norma es un "parche" y una "tomadura de pelo" salida de "una república bananera comunista que no resuelve los problemas", a pesar de que ha sido elaborada por el ministro que ve "más sabio y sensato" del actual Ejecutivo.

Por Unidas Podemos, Juan Antonio López de Uralde ha defendido las medidas urgentes porque dan un "paso en al dirección correcta" y son una "respuesta a la demanda" del sector con una regulación "real y efectiva" de la cadena alimentaria.

En cuanto a ERC, ha sido su portavoz Gabriel Rufián quien ha valorado el real decreto porque avanza "mucho" en aspectos como "establecer" los costes de producción, aunque lo ve "insuficiente" y quiere que se tramite como proyecto de ley para incluirle aportaciones "necesarias".

Joan Baldoví (Compromís) ha asegurado que lo apoyan, pero "se puede mejorar" y María Muñoz (Ciudadanos), que la medida del Gobierno sólo incluye "cambios cosméticos" y aporta "buenas intenciones".

Para el PNV, las acciones tendrán un "impacto limitado" al contar con un presupuesto "tímido", según su diputado Mikel Legarda, mientras que para el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, "se podía haber llegado más lejos". 

Derogado el despido por bajas médicas

La mayoría de los partidos políticos del Congreso ha aprobado derogar el artículo 52 d. del Estatuto de los Trabajadores que permitía el despido por acumular bajas médicas en un determinado periodo de tiempo pero se incluirán enmiendas en el texto.

El Pleno del Congreso ha convalidado este decreto ley que debía ser ratificado por el Parlamento este miércoles como plazo máximo para evitar una sanción europea, pero la mayoría ha apoyado que sea tramitado como un proyecto de ley por la vía de urgencia para poder recibir enmiendas y cambios.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido que "hoy, más que nunca", cobra sentido la eliminación de este artículo, cuyo uso ha sido "fraudulento" y que debe proteger la salud del trabajador.

El artículo 52.d avalaba el despido objetivo "por faltas de asistencia al trabajo aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5 % de las jornadas hábiles, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses".

La mayoría de los 43 diputados que ha acudido a este Pleno, cuya votación ha sido telemática como consecuencia del coronavirus, ha defendido la necesidad de proteger al trabajador y derogar este artículo.

El resultado de la votación ha sido 207 votos a favor, 52 en contra y 91 abstenciones, aunque posteriormente la mayoría del Congreso ha apoyado tramitarlo vía enmiendas por el procedimiento de urgencia, con lo que los plazos de tramitación, que habitualmente son tres meses, se reducen a la mitad.

VOX ha votado en contra y el PP y Foro Asturias se han abstenido, mientras que el PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Ciudadanos, Compromís, la CUP y el BNG han defendido su convalidación.

JxCAT y Más País también han apoyado el decreto ley por vía telemática.

El diputado del PP Diego Movellán ha pedido al Gobierno que sea riguroso y ha defendido la reforma laboral del PP, que, en su opinión, trajo "más seguridad" y que, en esta crisis del coronavirus, debe seguirse aplicando "más que nunca" con las medidas de flexibilidad que introdujo.

Abandone la "política derogatoria y contrarreformista", ha reclamado.

La diputada de VOX Reyes Moreno ha dicho que el absentismo en España supone un coste para las empresas de 71 millones de euros, y ha argumentado el voto en contra de su partido porque el artículo forma parte del ordenamiento jurídico desde hace 40 años y lo único que persigue el Gobierno con su eliminación es "propaganda" para "construir su relato de que han derogado la reforma laboral" del PP.

Enrique Santiago, diputado de Unidas Podemos, ha dicho que esta convalidación es "un acto de justicia para aquellos trabajadores que hoy están trabajando en primera línea de combate al virus y con pésimas condiciones laborales".

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha calificado de "atentado al derecho al trabajo y a la salud" permitir estos despidos, y ha pedido ir más allá y derogar la reforma laboral en su totalidad.

"Que la gente tenga miedo a coger una baja o vaya a trabajar enferma es tan habitual como salvaje", ha criticado Rufián.

Desde Ciudadanos, la diputada María Muñoz ha tachado la derogación de "cambio cosmético", y ha recordado que quedaban fuera del 52.d los accidentes de trabajo, el riesgo durante el embarazo y la lactancia o las bajas de más de veinte días consecutivos, entre otros supuestos.

"No hagan propaganda", ha pedido a la ministra, aunque le ha confirmado que Ciudadanos votaría a favor y solicitaría que se tramitara como una proposición de Ley para enmendar los problemas estructurales que tiene la legislación laboral.

El diputado de JxCAT Genís Boadella, que no ha acudido al Pleno, ha apoyado a través de twitter la convalidación y la urgencia de este decreto ley, y ha animado a seguir modificando el Estatuto de los Trabajadores, aunque ha pedido tener en cuenta las aportaciones de otros partidos políticos en el futuro, para "perfilar una mejor legislación".

Joan Baldoví, de Compromís, ha afeado a VOX estar solo del lado de las empresas y no de los trabajadores en crisis como la del coronavirus, y Mireia Vehí, de la CUP, ha criticado que el Gobierno no haya prohibido el despido frente a la crisis económica que ha motivado el COVID-19.

Desde el BNG, Néstor Rego ha pedido que la crisis económica que se avecina no recaiga otra vez sobre los trabajadores, por lo que ha abogado por derogar "todas las reformas laborales", y el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez, ha tachado este cambio de "maniobra de cara a la galería" y ha incidido en que derogarlo solo eleva la indemnización pero no evita esos despidos.

Ayudas económicas

El Pleno del Congreso ha validado los tres reales decretos-ley de medidas económicas con ayudas a empresas, trabajadores y familias que pretenden paliar el impacto negativo de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus en la economía, aunque la mayoría de los partidos las ven insuficientes.

La mayoría de los partidos políticos, entre ellos PSOE, PP, UP, Cs, ERC, JxCAT, PNV, Compromís, Más País o Foro Asturias, han apoyado los tres decretos leyes que ha defendido la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Economía Digital, Nadia Calviño, para que se adopten medidas "urgentes de estabilización" y para que una vez superado el COVID-19 la recuperación de la economía sea rápida.

Sin embargo el último decreto ley sobre medidas económicas y sociales será tramitado como proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia y recibirá enmiendas, pese a que ya está en vigor.

A este último decreto VOX ha votado en contra toda vez que incluye una disposición que garantiza al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, su presencia en la comisión de seguimiento del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En la votación para que este decreto se tramite como proyecto de Ley ha recibido 179 votos a favor y 164 votos en contra con lo que se tramitará con enmiendas aunque por la vía de urgencia y el procedimiento será más corto de los tres meses habituales.

Por otra parte, los dos primeros decretos económicos han sido convalidados definitivamente por 342 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones, así como por 341 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones, respectivamente.

"Se tratar de minimizar el riesgo de que la ralentización económica tenga un impacto estructural, sobre todo en términos de empleo y suponga un lastre para la recuperación", ha dicho Calviño que ha insistido en que esta crisis es "excepcional y transitoria".

Sin embargo casi todos los partidos políticos han urgido más medidas para los autónomos, para las empleadas del hogar que se han quedado sin ingresos o para los que no pueden pagar el alquiler, además de que el PP y VOX (que ha votado a favor de dos decretos y se ha abstenido en el último) han pedido rebajas de impuestos y no acometer la reforma fiscal que se contemplaba en los próximos Presupuestos Generales.

Casi todos han reclamado ir más allá y así, desde Unidas Podemos que ha pedido medidas de alquiler y profundizar en el apoyo a los autónomos o ERC que ha pedido una renta de confinamiento, una modificación de la regla de gasto o de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Más País que ha solicitado un Plan Marshall de inversión hasta la CUP, EH Bildu o BNG, que han coincidido en reclamar "nuevos impuestos de emergencia" a las grandes fortunas.

El PNV ha considerado que se han dado "pasos en la buena dirección" y Ciudadanos ha reclamado más apoyo a los autónomos.

En este sentido, Calviño ha reiterado que en las próximas semanas se aprobarán medidas económicas complementarias y ha citado expresamente una ayuda para las personas que no puedan hacer frente al alquiler.

"El Ejecutivo está trabajado para dar una solución a quienes se encuentran con dificultades para pagar su alquiler, teniendo en cuenta las especificidades de un mercado en el que operan entidades públicas, grandes tenedores de vivienda, otros profesionales y también personas que dependen de esta renta para poder abordar sus gastos mensuales", ha dicho sin mencionar si se tratará de una exoneración temporal del pago.

La ministra ha repasado todas las medidas aprobadas en poco más de una semana por el Gobierno, tanto a empresas, como a los sectores más afectados o a los autónomos y ha destacado que son "iniciativas muy relevantes y muy potentes, que se podrán ver complementadas por nuevas medidas en función de las necesidades que vayamos detectando en nuestro seguimiento continuo de la situación".

No obstante, Calviño ha pedido remar "unidos" y "lealtad y responsabilidad" de todas las administraciones ya que "todos debemos estar a la altura de estas circunstancias históricas".

"De las decisiones que tomemos ahora, de la responsabilidad con la que seamos capaces de actuar dependerá en gran medida que la recuperación tras este duro periodo sea rápida y eficaz", ha incidido tras insistir en que "seguiremos actuando cuando sea necesario, donde sea necesario y haciendo lo que sea necesario para atajar la crisis sanitaria, proteger a los ciudadanos y garantizar que la economía mantiene una base sólida".

Ha avisado de que "la perturbación conjunta de demanda y oferta para la economía española afectará a los ingresos de las empresas y autónomos y "podrían derivar en una pérdida de empleo significativa".