España y Turquía, los países donde más cargos cambian con la llegada de un nuevo Gobierno

Pese a entrar en la Moncloa con el propósito de “acabar con el enchufismo y la endogamia”, Sánchez ha continuado colocando en altos cargos de la Administración Pública a personas afines al PSOE

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Redactor de cope.es

Tiempo de lectura: 3' Actualizado 10 sep 2018

En 1912 Benito Pérez Galdós escribía que los políticos “no harán más que favores a los amigotes, legislar sin ninguna eficacia práctica, y adelante con los farolitos…” En 2018 la experiencia confirma que cada vez que en España se produce un cambio de Gobierno, el Ejecutivo entrante coloca a sus afines en los altos cargos de la Administración y de las principales empresas públicas, muchas veces anteponiendo su trayectoria en los partidos a la experiencia en el sector.

“Han de pasar años, lustros tal vez, quizá medio siglo largo” para que el modelo cambie, decía el autor de los 'Episodios Nacionales'. Pero ni cien años han sido suficientes. Según pone de manifiesto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el estudio ”Goverment at a glance 2017”España es el país de la Unión Europea donde más cargos cambian con la llegada de un nuevo Gobierno. Si se toman en consideración todos los Estados que forman parte del organismo, se sitúa en el nivel más alto junto a Turquía y Chile.

LA ROTACIÓN AFECTA HASTA EL 100% DE LOS ALTOS CARGOS

En general, 21 de los 35 países analizados realizan cambios que afectan entre un 95 y 100% a los secretarios de Estado, lo que parece razonable ya que son responsables de ejecutar la acción del Gobierno, con quien comparten su visión política. La excepción está en Canadá, Alemania, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda y Noruega, donde la remodelación no afecta a más del 5% de los cargos.

Lo sorprendente es que en la mayoría de Estados no suelen producirse rotaciones en los altos funcionarios públicos. Solo en 5 países -Chile, Hungría, Eslovaquia, Turquía y España- la alteración alcanza a un porcentaje de entre el 95 y el 100%. En el caso de los altos directivos de las empresas públicas, únicamente Chile, Turquía y España cambian hasta el 100% de los mandos.

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Gráfico correspondiente a la rotación de altos cargos ante un cambio de Gobierno publicado en  2017 OCDE

LOS RIESGOS DE LA POLITIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

El resultado es la politización de la función pública, pues en lugar de atender con objetividad al interés de todos los ciudadanos, sirve al poder Ejecutivo. Como explica Jordi Solé Estalella, presidente de la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), en no pocas ocasiones el único mérito valorado para designar a los altos directivos es su “lealtad política”, ya que no es inusual que carezcan de “experiencia en el sector”. Esto da lugar a que se rodeen de una “legión de asesores sufragados por todos” que no serían necesarios si se nombrara al profesional adecuado.

En ocasiones el único mérito valorado para nombrar a los altos directivos es la lealtad política, pues no es inusual que carezcan de experiencia en el sector

Además, en el caso de los altos funcionarios, cuando cesan por la caída del Gobierno, rara vez vuelven a sus puestos de origen sino que suelen ser recolocados en “lugares de reposo” donde permanecen con una retribución mayor hasta que tienen ocasión de “volver a desempeñar altos cargos”, señala Solé.

EL CLIENTELISMO DE SÁNCHEZ ANIDA EN LA ADMINISTRACIÓN

Pese a llegar a la Moncloa tras la moción de censura con el propósito de “acabar con el enchufismo y la endogamia”, Pedro Sánchez ha continuado con este sistema clientelar. El 22 de junio, tan solo 16 días después de nombrar a sus ministros, puso a Vicente Fernández Guerrero –hombre de confianza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero- al frente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Holding que abarca 15 empresas -Correos, Navantia, Tragsa, Cetarsa, Hunosa, Ensa o Enusa, entre otras- con una plantilla de 73.000 personas. El día 26 su Consejo de Administración quedó constituido por diferentes vocales procedentes de las Secretarías de Estado del Gobierno.

Casi un mes después colocó al frente de Correos a Juan Manuel Serrano, su jefe de Gabinete hasta que llegó a la Moncloa –cuando fue sustituido por Iván Redondo-, y su principal apoyo durante las primarias.

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez, con su exjefe de Gabinete, Juanma Serrano, y su directora de Comunicación, Maritcha Ruiz Mateos Twitter

Lo mismo hizo con el exministro socialista de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, asesor económico de Sánchez y nuevo presidente del Grupo Red Eléctrica.

Llamativos también son los casos de Óscar López y de José Félix Tezanos. El primero es el nuevo presidente de Paradores de Turismo, pese a que no se le conoce ningún tipo de experiencia en la materia más allá de su carrera política. En cuanto a Tezanos, es el nuevo presidente del CIS. Histórico socialista, en el primer barómetro del centro bajo su dirección colocó al PSOE como el primer partido en intención de voto con una diferencia de 8 puntos respecto a la encuesta anterior.

Polémica debido al baile de destituciones y nombramientos ha sido la designación de Rosa Maria Mateo como administradora única provisional de RTVE, tras ser propuesta por el PSOE, Podemos y PNV y elegida en segunda votación. La periodista permanecerá en el cargo hasta que termine el concurso público que designe al nuevo consejo de administración del ente público.

EL DIRECTIVO PÚBLICO COMO REMEDIO A LA ROTACIÓN

Si bien este sistema de designación pudo tener sentido durante la Transición ya que los altos cargos administrativos procedían del Franquismo, hoy parece que no tiene otra razón de ser más que sustentar el clientelismo.

Por eso, desde la federación apolítica Fedeca, que aglutina a 47 asociaciones profesionales de funcionarios –desde abogados del Estados a inspectores de Hacienda o de la Seguridad social, entre otros-, apuestan porque se ponga en práctica la figura del directivo público que contempla el artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público, cuya designación debe ceñirse a los “principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad”, para poner fin al clientelismo que anida en la Administración.

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